La madrugada de ayer en la Audiencia Provincial finalizó el juicio en el que el fiscal ratificó su pedido de penas de siete años y medio de prisión para cada uno de los tres imputados por presuntos delitos de corrupción, estafa y prevaricación: el exasesor de Arico, Álvaro Arbelo, y dos empresarios. La fiscalía exige que se establezca el dinero supuestamente defraudado, que la Guardia Civil cifra en 40.000 euros, y que se devuelva al ayuntamiento, según informa Efe.
Los hechos juzgados datan de 2010 y 2011 (entre dos mandatos). El fiscal establece que los empresarios y el concejal -en un momento estuvo al frente de las áreas de Urbanismo y Obras- habrían acordado adjudicar obras «al dedo» y apropiarse de una parte de las cantidades abonadas por el Consistorio. El presunto delito de estafa se basaría en que los presupuestos de las obras se ampliaron al máximo posible permitido por la ley. La prevaricación afectaría únicamente al regidor municipal y se justificaría en que éste no estaba habilitado para realizar adjudicaciones.
En la sala se reveló que hay dos personas vinculadas al caso cuyo paradero se desconoce. Se trata de una mujer que controlaba una empresa de uno de los imputados y que está desaparecida desde hace diez años, además de trabajadora en una consultora.
Durante la segunda sesión del juicio, el hijo de otro empresario que compareció como agente aseguró que no estaba realizando ningún trabajo, lo que motivó al fiscal a concluir que los dos empresarios imputados eran quienes controlaban las cinco empresas clasificadas ficticias. Al carecer de recursos humanos y materiales, tuvieron que recurrir a la subcontratación y realizar los trabajos con autónomos.
La casa particular de uno de los empresarios fue utilizada como posible sede de una empresa vinculada al asunto, mientras que las empresas no respetaron sus obligaciones fiscales y contables, por falta de inventario, según consta en el juicio. Otro aspecto destacado en la sala, según informó Efe, es que durante el período en el que ocurrieron estos supuestos hechos, solo se permitió subcontratar un pequeño porcentaje de la obra. Otra «coincidencia» que menciona el fiscal es que, durante la convocatoria del concurso, todas las empresas sospechosas presentaron sus propuestas el mismo día.
reconocimiento gratuito
Los tres abogados de los procesados accedieron a solicitar la libre absolución por considerar que todos los contratos se ajustaban a derecho ya que habían sido aprobados por funcionarios del Ayuntamiento de Arico y contenían los informes exigidos.
El abogado del exconcejal imputado, Álvaro Arbelo González (Coalición Canaria), dijo que ninguna de las pruebas presentadas por la fiscalía era sólida y que había errores en las cantidades supuestamente defraudadas. “Aquí no hubo mano negra, pero lo que hay son documentos manipulados que aparecen después de la investigación”, dijo el abogado.
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