Una petición realizada el pasado otoño para declarar el Arco de la Victoria de Madrid, el monumento franquista que declara a la Ciudad Universitaria fruto de la munifitientia, sigue pendiente de respuesta por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Franco –“ab hispaniarum duce restaurata”-, como pueden leer quienes entran en la ciudad por la Moncloa.
La petición, impulsada por un abogado hijo del alcalde franquista que reformó Benidorm, está firmada por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, una de la multitud de plataformas que giran en torno a la Fundación Nacional Francisco Franco y que han surgido en Madrid del ya longevo movimiento ‘El Valle No Se Toca’, que en 2018 intentó frenar el plan del Gobierno para sacar a Franco de Cuelgamuros.
Nuevas investigaciones en busca de otros olvidados en la Memoria Histórica
En otra parte de la ciudad, en el cementerio de la Almudena, de nuevo el 14 de abril, los descendientes de las represalias de Franco tuvieron que colgar un lienzo con los 2.936 nombres de los allí fusilados. En tiempos de la alcaldesa de izquierda Manuela Carmena, estos nombres aparecían en losas de granito de un monumento, pero fueron ordenados de retirar, recién constituidos, por el ayuntamiento que hoy preside el alcalde popular José Luis Martínez-Almeida con el apoyo de Vox.
Las placas se guardan en un depósito de herramientas municipal. En su lugar, el consistorio ordenó la colocación de otra losa general, sin nombre y dedicada a «todos los madrileños que, entre 1936 y 1944, sufrieron violencia por motivos políticos, ideológicos o por sus convicciones religiosas». Es decir, un reflejo de la teoría que, en materia de Memoria, defiende el PP madrileño: si hay un homenaje, que sea para todos por igual y juntos.
“Así se amortaja y se encubre lo ocurrido y se establece la maldita equidistancia”, protesta Isidro Jara, sobrino de Valeriano Jara López, panadero republicano cuyo nombre se suprime, fusilado el 24 de junio de 1939. Isidro se indigna, recordando la última frase de la carta de la capilla que su tío dejó escrita la última mañana: «Están fusilando a un inocente».
inframundo
Esta petición de protección del Arco de la Victoria sigue sin respuesta por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el mismo edificio de la Puerta del Sol que es su sede, y que fue sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pidió esta semana la colocación de una placa, un cartel que diga «que este fue un centro ilegal de detención y tortura».
Y esto, solo una semana después de que unos cientos de falangistas, con los brazos en alto, se manifestaran frente a la puerta de la Sacramental de San Isidro, el cementerio donde fueron a parar los restos de José Antonio Primo de Rivera. Su última tumba lleva su nombre desde el viernes pasado, cuando un artesano vino a cincelarla en mármol. No han pasado 15 días y la ubicación ya aparece en Google Maps.
En un madrileño espigón de recuerdos, la petición de la ARMH de abanderar el edificio del reloj de la Puerta del Sol se siente como un pequeño acto de resistencia. Esto, público; hay otros más secretos: el ayuntamiento suprimió los nombres de las personas fusiladas en La Almudena, pero aún están en el monumento. Están en una unidad flash; y esto embutido en un tubo de acero; y esta empotrada en uno de los robles de bronce del decorado.
dos lineas
Mientras hace la maleta para acudir este fin de semana al homenaje a los cautivos españoles de Mauthausen, Emilio Silva, coordinador de la ARMH, evoca para este diario la contracultura derechista en clave de Memoria. Y no suscribe la hipótesis de una ofensiva: «No creo que a la derecha española le dé tanta vergüenza esta ley: no obliga a devolver lo confiscado por el franquismo, no enumera los verdugos ni señala al papel de la Iglesia en la represión».
Isidro Jara discrepa: “En los niveles más altos de la política pueden mostrarse indiferentes, pero en los niveles inferiores son muy beligerantes: véase la cantidad de monumentos de la memoria vandalizados.
Las fuentes consultadas describen dos actitudes de los gobiernos conservadores hacia el Informe. Hay confrontación, y está la línea de soltar, pero altísimas placas que unen a los dos bandos en el conflicto civil, o no pagar ni ocuparse de las exhumaciones de los fusilados. «La reunión de los muertos está totalmente ligada al espíritu del Valle de los Muertos, y he visto muchos obstáculos para no hacer nada en los ayuntamientos de derecha», dice el veterano coordinador histórico del Grupo de Recuperación de la Memoria. de la Comunidad Valenciana, Matías Alonso, que lo resume así: «Es política no hablar mal ni hacer el bien».
anterior Feijóo
De oposición, guerra cultural o contramemoria en Madrid, hay calma en Galicia. “Aquí no hay plan, ni previsto”, abrevia Carmen García Rodejo, portavoz de la ARMH de Galicia, desde Lugo.
En un territorio que alguna vez fue la retaguardia, este grupo investiga los cementerios, ya que no había frentes. Pero está buscando a falta de un mapa regional de las fosas, y sin un departamento de Memoria Democrática a dónde ir. «No hay proyecto, ni dirección general, ni inventario, ni plan de los monumentos… ni siquiera hay debate en el parlamento», lamenta esta profesora de secundaria jubilada, que se involucró en este programa de voluntariado cuando percibió el efecto del silencio, cómo “aún siendo profesor de historia, yo mismo tenía una terrible falta de conocimiento”.
En Galicia hay unas 500 tumbas sin descubrir y unas 5.000 desaparecidas, pero García Rodejo insiste en la cifra provisional «porque no hay censo ni forma de inventariarlas».
Tampoco hay presupuesto regional. Y este «no hay» es emblemático de la cadencia con la que la Xunta afrontaba la época de Alberto Núñez Feijóo, pero también la actual de Alfonso Rueda, a las demandas de las familias en busca de un familiar asesinado. reconocimiento, simbólico y parlamentario, a los gallegos deportados a Mauthausen.
Carmen García ve claramente la difusión, paralela a esta inacción, de una línea revisionista, de contracultura, en torno a «las dos patrañas principales sobre la Segunda República: que hubo mucha violencia, que fue una república violenta, y que, por tanto, , el golpe de Estado». «el estado del 36 era un mal necesario».
El pantano castellano
En las afueras de Salamanca, la Asociación Memoria Justicia busca los restos, entre otros asesinados, de Atilano Coco, el pastor protestante amigo de Unamuno y excarcelado el 9 de diciembre de 1936 sin saber nada más de él.
Quizás su cuerpo fue a parar a uno de los sacos que llenaban los jornaleros mientras araban los montes de la comarca del Gargabete, a cinco kilómetros de la localidad. “Nos dijeron que cuando hacían el trabajo aparecían huesos y, como no sabían qué hacer con ellos, los metían donde podían”, explica Luisa Vicente, presidenta de la entidad salmantina.
O podría ser que Atilano Coco fuera fusilado y enterrado junto a otros que corrieron la misma suerte en el monte de La Orbada, en la línea de Zamora, sobre el que vuelven a apuntar las pistas de la asociación. En cualquier caso, la investigación en los archivos y los robledales no contará con dinero de la Junta de Castilla y León.
Vicente confirma que en su comunidad, «bajo la influencia de Vox», el Gobierno popular de Alfonso Fernández Mañueco no apoya la Memoria Democrática. La actividad memorial autonómica atraviesa un estancamiento, mientras el PP estudia una «ley Concordia» que sustituya al vigente Decreto de la Memoria congelado. El nuevo texto no termina de redactarse, para gran disgusto de Vox que, en los medios de su órbita, se queja de que sus socios «dan vértigo a la perdiz».
“Aquí estamos acostumbrados a trabajar con nuestros medios o con ayudas del Estado”, explica Luisa Vicente. En su asociación, estos medios propios son muy poco, los 20 euros anuales que aportan 90 socios. Pero sucede que Salamanca es una excepción. “El Ayuntamiento está colaborando, y con mucho respeto y sensibilidad”, dice Vicente.
Salamanca, donde en plena matanza de 1936 Unamuno se enfureció y deprimió al comprobar su último error político, tiene hoy consistorio del PP. El primer acto en el que se vio al alcalde, Carlos Manuel García Carbayo, poco después de asumir el cargo fue un homenaje a los periodistas que sufrieron represalias. El último acto al que asistió el actual presidente Mañueco cuando era ex alcalde fue un recuerdo de los fusilados en el muro del cementerio.
hueso sin nombre
En el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Granada se acumulan más de 1.000 claves de muestras de ADN pendientes de comparación. Entre ellos, quizás la prueba de que cierto esqueleto es el de Blas Infante, padre del andaluz, o el de Horacio Hermoso, alcalde de Sevilla, así como las huellas genéticas de los 2.000 ejecutados que llenaron la fosa común de Pico Rejas, en el cementerio de Sevilla. .de San Fernando, un inmenso sepulcro que en un principio fue para los indigentes y que acabó llenando de fusilamientos al general Queipo de Llano.
Las claves genéticas, extraídas de piezas de fémur de 10 centímetros, se amontonan en un embudo presupuestario, fondos que no proceden de la Junta de Andalucía. Antonio Manuel Mateos, vicepresidente de la coordinadora andaluza de memoria histórica, lo califica de «espectacular quiebre» que «primero tuvo la influencia de Vox y ahora solo tiene la decisión del PP».
Este militante, bisnieto de un campesino de El Coronil fusilado en 1936 y de una viuda expropiada nueve años después, afirma que en Andalucía avanza la obra de la Memoria con fondos del Estado, «pero depende de la Junta la autorización de una intervención». Y cuando no es el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla el que frena una exhumación, «es un ayuntamiento del PP el que frena».
Se refiere, por ejemplo, a Córdoba, donde se retrasa una intervención en el pelotón de fusilamiento del Cementerio de la Salud sujeto a «recursos surrealistas».
Este es el resultado de la desaparición en toda Andalucía de las oficinas de Atención a las Víctimas de la Dictadura que existían en las delegaciones provinciales de la Junta, y la sustitución de la Dirección General de la Memoria por un Comisario de Concordia.
En Sevilla han pasado seis meses desde que Queipo fue exhumado de su tumba honorífica en la Basílica de La Macarena, pero fue a petición del Estado: mientras tanto, los carteles que la junta socialista ha colocado en escenarios de tragedias caen sin mantenimiento del franquismo, como el Canal de los Presos en el bajo Guadalquivir. Nuevas ubicaciones de los puntos de memoria “las anotamos en un papel -explica Antonio Manuel Mateos- pero no se encuentran en un inventario oficial de la Junta”.
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