Cuando el PP tomó posesión de la Junta de Andalucía en 2019, se encontró con que una nebulosa se extendía sobre el inventario de inmuebles de la Junta de Andalucía. Cuatro años después, la Junta de Andalucía sigue intentando poner en orden sus edificios públicos y se ha convertido en una prioridad un plan de ahorro de alquileres de habitaciones que le permite reducir la masa alquilable anual en 57,7 millones de euros.
Su principal valedor es el fondo de inversión estadounidense WP Care, con el que en 2014, en un momento de asfixia financiera y falta de liquidez, el Gobierno socialista firmó una operación de ‘sale and lease back’, por la que vendió 70 inmuebles que hizo posible inyectar 300 millones de euros. A cambio, se ha comprometido a seguir pagando el alquiler por el uso de estas plazas administrativas hasta 2034 con un contrato anual blindado de 33 millones anuales. En total, recibió 300 y pagará más de 700. El fondo de inversión, que también compró la sede del gigante funerario Mémora en España, hizo una operación redonda pero la Junta de Andalucía quiere deshacerse de parte de este lastre.
Para acortar la factura anual de los ingresos por alquileres, la ministra de Economía y Hacienda, Carolina España, ha ordenado un plan de ahorro en las oficinas administrativas, reduciendo los 57,7 millones anuales que paga en alquileres y rentabilizando inmuebles en desuso.
edificios en desuso
Hay edificios públicos abandonados, en estado ruinoso y en desuso. Aquí es donde comenzará lo más urgente. La Cámara de Cuentas ya emitió un contundente informe en 2019 advirtiendo que la Junta de Andalucía necesitaba «revisar, afinar y actualizar» el Inventario General de Bienes y Derechos (IGBD) de la comunidad de Andalucía. Dicho informe indicó que este inventario, al 31 de diciembre de 2017, contaba con 400.105 registros con un valor neto contable de 22.181,48 millones. El 95,67% (382.764) corresponden a bienes muebles, que representan el 2,93% (649,94 millones) del valor total, y el 4,33% (17.341) a inmuebles, cuyo valor representa el 97,07% (21.513,54 millones). El organismo de control alertó sobre problemas informáticos que habían dejado obsoleto este inventario.
No sólo la operación de compraventa que la Junta de Andalucía realizó con este fondo de inversión en la etapa socialista, también tuvo largas consecuencias, la operación de pago en terrenos y construcciones de la llamada deuda histórica que quedó sellada en 2011 Una venta de terrenos e inmuebles con la que la Régie saldó el déficit de financiación durante años del Estado y que se ha convertido en una losa. Muchos de estos edificios en ruinas no pudieron venderse y agregaron gastos al presupuesto público. El gobierno del PP ha registrado 121 millones de euros en las operaciones de compraventa de estos inmuebles. El cálculo que hizo el PSOE fue de 876. Con estas subastas, el Ministerio de Economía que dirige Carolina España también quiere seguir ganando dinero para saldar las tensiones por el enorme patrimonio acumulado por el Consell.
La Junta de Andalucía alberga en su sede administrativa a 30.000 empleados públicos. No es fácil en muchas ocasiones trasladar personal a nuevos edificios, muchas veces en alquiler, y Hacienda también advierte de un problema de «dispersión» de sedes. El plan de ahorro se presentará después del verano, prometió España, que quiere reducir el número de habitaciones, empezando por todas las que se alquilan. La Junta está considerando si puede rehabilitar algunos de sus activos en desuso para trasladar a sus trabajadores.
También se barajan ventas de suelo de alta plusvalía y, como ejemplo, el Ministerio de Economía se refiere a la operación sellada con la residencia Tiempo Libre en Cádiz, un edificio que lleva más de una década cerrado como símbolo de el abandono del Ayuntamiento, a costa de la administración que mantenía la seguridad para evitar ocupaciones y que se había convertido en un caramelo inmobiliario en el centro de la capital gaditana. Se vendió por 11,6 millones y con una inversión posterior de 46 millones por parte del grupo Qhoteles, permitió la apertura de un hotel de 255 habitaciones. Otro ejemplo citado por el Ayuntamiento es la venta del recinto de la Expo’92 que compró el Lycée Français por 1,7 millones de euros para construir un Centro Francés de Tecnología e Innovación Social. “No se trata solo de ganar dinero sino que también te permite actuar como dinamizador en terrenos baldíos o edificaciones”, explican desde la junta directiva.
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