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Sánchez acusa a la derecha de crear una «burbuja» «antisanchista» y la combate con su lado más humano

Hace siete años, Pedro Sánchez sorprendió en una entrevista con Salvados al desvelar que había recibido presiones de los poderes económicos para no formar un Gobierno progresista con Podemos. Acusó, en su momento, a ciertos medios de ser el correo de transmisión de ciertos poderosos. Este domingo, a menos de un mes de las elecciones del 23-J, el presidente del Gobierno trazó un escenario similar. También ante el periodista Jordi Évole, criticó que la «derecha política, económica y mediática» llevase cuatro años construyendo una burbuja «antisanchista». “Sigue el rastro del dinero”, afirmó sobre quién está detrás de esta estrategia. Su respuesta a la lucha fue ofrecer su lado más humano.

“Calculé mal la fuerza corrosiva de muchos de estos argumentos que se propagaron en estos medios”, repitió el director gerente casi media docena de veces. Así, Sánchez centró buena parte de su respuesta en que el único programa político de la derecha es «derogar» lo que ha hecho el Gobierno de coalición y que, por ello, se escudan tras «el antisanchismo». ¿Qué es el «antisanchismo»? Para el líder del PSOE, se trata de «mentiras, manipulación y maldad».

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Afirmando que en su opinión existe una sobrerrepresentación de posiciones de derecha y extrema derecha en el panorama mediático español -idea a la que Pablo Iglesias lleva años renunciando-, Sánchez justificó la gira mediática iniciada esta semana (Onda Cero, El Intermedio, Lo de Évole) y que continuará en los próximos días, incluso desfilando por El Hormiguero, necesitado de «perforar la burbuja».

Preguntado en reiteradas ocasiones sobre qué medios son los que instalan un mensaje contrario a él y cuáles son los poderes económicos que hay detrás, Sánchez prefirió guardar silencio. Como primer ministro, dijo, no debería señalar con el dedo. Ahora dejó una indicación clara: «Sigue el rastro del dinero, el dinero de los bonos y el dinero de los que siempre pensaron que el país era suyo». Es más, aunque aseguró que ningún empresario le había dicho en la cara que intentarían destruirlo, dio a entender que “este mensaje se percibe en sus terminales de medios”.

Insomnio pandémico

Su respuesta a este «veneno» que le inocula la sociedad ha sido abrirse y mostrar un rostro atípico. En la entrevista no había prácticamente propuestas de programas, pero sí detalles sobre la vida del primer ministro. Admitió que durante la pandemia lloró «de rabia y frustración» y que «cuando logró conciliar el sueño» despertó a las pocas horas «empapado en sudor». Un estrés que, dijo, no le obligó a consultar a un psicólogo, aunque «tampoco habría tenido problema en ir allí». Además, dijo que en el pasado se había sometido a terapia.

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También le dolieron las «barbaridades» que tuvo que soportar su mujer, Begoña Gómez, cuando se decía que era una mujer transexual. «No insulté a nadie, intenté hacer un debate político», resumió Sánchez, aunque reconoció que se equivocó al no haber dado más entrevistas en los medios críticos para desmantelar esta «burbuja».

El «mayor error»

Sánchez también se centró en combatir dos de los argumentos con los que más fue atacado, el uso del Falcon y los acuerdos con EH Bildu. Sobre el primero, dijo que su uso no es diferente al que hacen otros presidentes. Sobre la segunda, que no gobernó con el partido nacionalista, que todo fueron pactos parlamentarios. Lo que más le dolió, confesó, fue el intento de «asimilar» a ETA y negar la importancia del PSOE para acabar con la banda terrorista. En la lista de confidencias también reconoció el que fue su «mayor error» durante la legislatura, la ley del «solo sí es sí».

Pese a todo, Sánchez aseguró que llegará al 23-J, donde pronostica una participación de entre el 73% y el 76% pese a que la fecha es veraniega, «con el convencimiento y el orgullo de lo hecho y con las ganas volver a ganar las elecciones «Creo que voté para ganar las elecciones», insistió antes de decir de Alberto Núñez Feijóo que «fue una decepción enorme». El espíritu que quiso transmitir Sánchez recuerda las palabras que usó en 2016, en Salvados, tras dejar el secretario general del PSOE: «No estoy muerto, estoy aquí»

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Elecciones 28M | Las claves del preacuerdo PP-Vox: libre elección de lengua, derogación de la ley del «sólo sí, es sí» y lucha contra la inmigración ilegal

Imagen de la primera reunión entre el PP y Vox celebrada el pasado lunes en el Parlamento.

El preacuerdo firmado entre el Partido Popular y Vox en Baleares deja una serie de claves estratégicas en las que destacan la libre elección de idioma en la educación, la derogación de la ley del «solo sí es sí» y la lucha contra la inmigración ilegal . Así, el documento tiene las siguientes cinco secciones

1. Libertad: las personas en el centro de la acción política:

  • Se eliminarán las políticas y se derogarán las normas que promuevan el enfrentamiento y la división, o que atenten contra la unidad de la nación, fomentando la identidad y la cultura de las Illes Balears como parte esencial de la riqueza plural de España.

  • Se consolidará un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el respeto a los docentes, generador de oportunidades y libre de adoctrinamientos ideológicos. En el ámbito de la educación, los padres podrán elegir libremente el colegio de sus hijos, así como se garantizará la primera lengua y la voluntariedad de las actividades extraescolares.

  • Se cambiarán las reglas que implican la imposición de idiomas, asumiendo que hay dos idiomas oficiales en la comunidad.

2. Promoción del comercio, la industria, el sector primario y el turismo:

  • Se creará el marco necesario para la promoción efectiva del comercio, la industria, el sector primario y el turismo como principal motor económico de nuestra Comunidad. Fomentar la actividad empresarial para ello, promover ayudas de apoyo a empresas y autónomos. Reducir las tarifas autonómicas que impiden el crecimiento y desarrollo del tejido industrial de las Illes Balears. Proteger a nuestros productores frente a la competencia desleal de terceros países. Emprender recortes de impuestos sustanciales y reducciones agresivas en el gasto político ineficiente. Todo ello con el objetivo de que el tejido empresarial pueda crear puestos de trabajo estables y de calidad.

3. Mejora de los servicios sociales y de salud pública:

  • En una sociedad donde las desigualdades y la brecha social se han ampliado en los últimos años, el papel de las políticas sociales debe centrarse en la atención y protección de colectivos vulnerables, como niños y adolescentes, personas mayores, personas dependientes, personas con discapacidad, personas con trastornos -con especial atención a la prevención del suicidio- o personas en riesgo de exclusión social, así como el refuerzo de la protección y apoyo a las familias, facilitando la conciliación.

  • Con estos objetivos, los servicios sociales se adaptarán a las necesidades actuales, haciéndolos más ágiles y flexibles, facilitando así los trámites administrativos para poder atender las necesidades de los ciudadanos a través de una atención personalizada, cercana y al mismo tiempo rápida y eficaz, así como como un avance en la atención social que promueva una mayor equidad, cohesión y justicia social. La familia es la institución que más cargas sociales soporta, por lo que se le debe una especial atención en toda acción de gobierno.

  • Del mismo modo, acometeremos las reformas necesarias del sistema sanitario público de las Illes Balears con el fin de aumentar la calidad de la prestación de los servicios y reducir las listas de espera, atraer y retener a los mejores profesionales sanitarios y eliminar las barreras existentes tales como requisito lingüístico obligatorio.

4. Protección de la mujer, con especial atención a los menores bajo tutela:

  • Se garantizará toda la asistencia, apoyo y lucha contra la violencia contra las mujeres, trabajando también en la prevención, identificando las causas y perfiles reiterados de los agresores.

  • Se apoyará y asistirá a las víctimas de la violencia doméstica, en particular la que sufren las mujeres, la que sufren los niños y la que sufren las personas mayores, así como la creciente violencia entre los niños y sus padres.

  • Se pedirá al Gobierno español que identifique a los violadores que han sido liberados gracias a la ley del «sí es sí», tomando las medidas necesarias para proteger a las mujeres en caso de que alguna de ellas pretenda desplazarse o estar en nuestra Comunidad.

  • El Congreso de los Diputados también estará llamado a exigir responsabilidad política a quienes colaboraron en la liberación de estas mujeres abusadoras. Asimismo, se pedirá la derogación inmediata de esta ley, sustituyéndola por una que aumente las penas para todos los infractores, incluida la prisión permanente.

  • Por otro lado, se realizará una auditoría para identificar y llevar ante la justicia a cada una de las personas involucradas en el caso de los menores bajo tutela abusados ​​sexualmente. Se trabajará para erradicar de nuestra comunidad el discurso machista, sea civil o religioso, que promueva o justifique la violencia contra la mujer.

5. Mafias de seguridad e inmigración.

  • Dada la evolución de las llegadas de pequeñas embarcaciones a las costas baleares, que han pasado de unas 199 personas en 2018 a 480 en 2019, y que en 2020 superaron las 1.400 y en 2021 fueron 2.392, habiéndose establecido así una ruta migratoria consolidada, es reforzaremos la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas que la promueven, y exigiremos al Gobierno español que ponga en marcha nuevos SIVE en nuestra Comunidad.

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¿Ha dejado el feminismo de ser una reivindicación electoral?

La pujanza del movimiento feminista español, admirado en todo el mundo por las multitudinarias protestas de 2018, ha hecho de la igualdad un elemento político indiscutible. Cinco años después y al borde de unas elecciones generales, la división política y social en torno al feminismo se está traduciendo en desafección y desmovilización, la igualdad no es protagonista de la agenda partidaria y el antifeminismo se perfila como un valor para el espectro de la línea .

¿Cuál es la causa de la desafección feminista? ¿Por qué el feminismo ha dejado de ser considerado un activo electoral? ¿Han dejado las mujeres de ser un grupo prioritario hacia el que dirigir los mensajes políticos?

Ante la convocatoria de elecciones generales, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA analiza estos temas con la politóloga Paola Cannata, investigadora feminista y exdirectora del Instituto de la Mujer Beatriz Gimeno, profesora de economía aplicada de la Universidad Complutense y experta en género Cecilia Castaño y médico forense y exgobernante delegado de violencia de género Miguel Lorente.

El 23 de julio están llamadas a votar más de 18 millones de mujeres, es decir, más de tres puntos porcentuales que los hombres: 1.148.916 votantes más que votantes. ¿Será relevante el factor género el 23J durante la votación?

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En las “enormes movilizaciones feministas de 2018”, en palabras de la politóloga Paola Cannata, se postulaba el feminismo como un elemento de transformación sumamente poderoso, había muchas mujeres involucradas en esta transformación y una gran voluntad de feminismo social y la fuerza de la protestas traducidas en políticas públicas feministas en las instituciones.

reclamo electoral

En 2023, esta lucha por la igualdad “ha perdido su poder transformador y, en general, no es una lucha que la clase política perciba como sumar o ganar. Hemos notado que el feminismo tiene un perfil muy bajo como reivindicación o como elemento de proyección de las fuerzas políticas: no lo apelan porque no lo identifican como algo que pueda dar votos. instituciones Esto ha disminuido y perjudicado mucho”, dice el politólogo.

Es significativo que dos de las caras más visibles de estos debates, Irene Montero (UP) y la portavoz socialista de la igualdad en el Congreso, Laura Berja, hayan sido rehuidas por su entorno. Sumar vetó el nombre de la ministra de Igualdad como condición para incluir a Podemos en la coalición y el PSOE no tenía a Berja en las listas del 23J. Con sus aciertos y desaciertos, lo cierto es que ambos sufrieron violencia política tanto en el Congreso de los Diputados como en las redes sociales.

La colusión del feminismo con las instituciones es un fenómeno relativamente reciente. En 2008, Bibiana Aído fue la primera Ministra de Igualdad de la Democracia. En 2010, el propio José Luis Rodríguez Zapatero prescindió de este ministerio y no aplazó hasta la última legislatura (diciembre de 2020-mayo de 2023), cuando Irene Montero fue nombrada por Pedro Sánchez. En sus inicios, el ejecutivo se jactaba de ser «absolutamente feminista».

“Solo el sí es sí”: el destino de la primera y más deseada ley de coalición

Fue una legislatura difícil en materia de igualdad, que se convirtió en un ámbito de disidencia y conflicto entre las dos formaciones que apoyaban al gobierno de coalición (el Ministerio de Igualdad estaba en manos de Unidas Podemos, lo que llevó al PSOE a luchar ondear la bandera del feminismo).

Los duros debates y posicionamientos a los que se enfrenta la ley trans, la división en torno a la prostitución y los efectos perversos de las rebajas de penas por la ley del sí es no sólo han tenido un impacto a nivel institucional y en la arena política (convirtiéndose en caldo de cultivo para la derecha y extrema derecha), pero han calado en el movimiento feminista, cuya escisión se ha traducido en agresiones, insultos y agresiones.

desafección política

Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la violencia de género, cree que la división y la fragmentación han empujado a la sociedad a distanciarse del feminismo, rebajando el nivel de identificación con este movimiento.

Según ella, la «desafección política» de las mujeres puede deberse tanto a esta división del feminismo como a que se han abordado temas que podrían haber sido considerados «no prioritarios».

Aunque Beatriz Gimeno, teórica feminista y ex directora del Instituto de la Mujer, considera que durante la pasada legislatura se ha hablado más que nunca de feminismo. Sin embargo, lamenta que se haya convertido en un «campo de batalla, también entre las feministas». Una batalla que, intensa y estéril, “ha generado cierta desafección por parte de algunas o muchas feministas y también cierta reticencia por parte de los partidos a involucrarse en un tema que está lejos de generar un consenso social y político”. .

“¿Por qué te vas a volcar al feminismo, si la mitad del feminismo se va a volver en tu contra?”, argumenta.

En este sentido, Cannata considera que «el feminismo ha dejado de atraer votos en todas las franjas de edad»: «Es muy probable que nos encontremos con el ejemplo de una mujer de 55 años que en las últimas elecciones legislativas votó con ganas de tengamos un país más feminista y esta misma persona ya no votará el 23J con esta pregunta, sino con otra». Por ello, cree necesaria una reflexión sobre la forma en que las instituciones han gestionado este capital político.

Lorente está de acuerdo. “Como en un momento hablar de feminismo sumaba, ahora creo que ya no cuadrará más. Y los políticos, que son un poco cobardes, me temo que hablarán de eso” en la próxima campaña electoral.

La profesora de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Cecilia Castaño, lamenta que haya tanta agresividad en las luchas feministas. “Creo que el problema fundamental es que muchas mujeres que habían abrazado el feminismo dicen ‘es una jaula de grillos que no me interesa’. Necesitamos renovar el discurso y la gente. El feminismo es un movimiento es su belleza”, y lo recuperaremos, aunque no sé cuánto tiempo llevará reconstruirlo».

Para el economista, los efectos indeseables de la ley del único sí es sí han sido «catastróficos».

Castaño también destaca otro factor que ha incidido en la pérdida de fuerza del feminismo en la política, y es el surgimiento de discursos y políticas antifeministas “que han calado profundamente” en los jóvenes. Discursos que niegan la violencia de género, que aspiran a un pasado de mujeres sumisas a los hombres. La reacción es fuerte.

El antifeminismo se ha convertido en un valor electoral, algo «enormemente preocupante», según Cannata. “Esta es la tragedia: no solo se ha mermado el poder transformador del feminismo, sino que además el antifeminismo se ha convertido en una bandera ondeada no solo por la extrema derecha, sino también por la derecha”, dijo la politóloga.

“No se equivoquen, apelar continuamente al pasado y decir que antes lo hacíamos mejor es hacer trampa porque lo que se está haciendo es intentar perpetuar una serie de privilegios que existían antes y ahora están siendo cuestionados. Cualquiera que apele al feminismo es un caos, lo más probable es que no esté a favor de los derechos de las mujeres porque quiere ganar privilegios”, dice Cannata.

un proyecto concreto

La exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género habla de la «guerra cultural» planteada por sectores conservadores, que defienden una forma de vida tradicional, basada en el pasado. “La derecha y el machismo dibujan muchos elementos identitarios. (…) Ante esta realidad, debemos encontrar un consenso para cuatro años de acción, en cuatro años no podemos proponer un mundo feliz porque no tenemos tiempo. error de la izquierda, es que plantea clivajes utópicos y muy teóricos mientras que ni siquiera se trata de temas a dirimir en cuatro años”.

“El feminismo, como la izquierda, debe sentarse y tomar conciencia de su responsabilidad histórica y de su compromiso actual”, añade. La experta explica que las mujeres votan más pensando en un proyecto común, las políticas de protección social, mientras que los hombres tienden a acudir a las urnas motivados por su propio interés y situación personal. El problema, matiza, es que se establece un entramado androcéntrico, con mensajes que condicionan a la gente a pensar más en los problemas de los hombres. Así, “obviamente, las mujeres quedan en un rol secundario, no solo porque más o menos pueden ir a votar, sino porque van a estar condicionadas por lo que es conveniente, necesario y urgente, es decir, decir lo que la gente piensa”.

La exdirectora del Instituto de la Mujer apunta a la necesidad de «mirar largo» y ver el «desastre» que sería para los derechos de las mujeres si se impusiera «el trumpismo y la extrema derecha»: «Ante este desastre, buscar enfocarse en lo que une». nosotros, para devolver los debates feministas a un nivel más llevadero tanto para las propias feministas como para los partidos”.

La izquierda, dice Cannata, debe enfocarse en sí misma, no en sus conflictos internos, lo que resta y desalienta el voto y alimenta la desafección ciudadana. «Las luchas internas convierten la política en un club privado, cuando debería ser propiedad de todos».

Castaño, por su parte, lamenta que durante la campaña electoral autonómica y municipal no haya quedado claro que las políticas de salud, dependencia, educación e infancia tienen un impacto positivo en la vida de las mujeres. «El gasto social es una inversión» que tiene retornos positivos: «A las mujeres no les interesa bajar los impuestos. (…) Eso hay que concretarlo en la campaña, de forma positiva, dejando claro que las mujeres tienen mucho que ganar y que la política de cada uno no nos sea indiferente».

Cannata señala que ha habido un «problema de comunicación» de las políticas feministas, que han ido más allá de la labor del Ministerio de Igualdad: el auge de las pensiones no contributivas y el SMI, el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar o aún reforma laboral fueron medidas que tuvieron un impacto significativo en género, pero no fueron comunicadas como un “proyecto país”.

El politólogo también subraya “una cosa que no es menos”, y es que muchos avances sociales han beneficiado a colectivos que no votan en las elecciones, como los inmigrantes o los niños.

A pesar de las adversidades y el pesimismo, Gimeno está convencido de que el espíritu de 2018 sigue vivo en muchas mujeres y hombres: “Lo que no se puede hacer es olvidar el feminismo y arrepentirse. No vamos a ganar con miedo, con exceso de cautela o con miedo a sacar las cosas a colación porque hay una parte del electorado que las rechaza. Quienes han trabajado por el feminismo desde diferentes posiciones deberían estar orgullosas, luchar y negarse a oscurecerlo. (…) En un país de ideas hay que incluir el feminismo”, concluye.

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El Supremo trata 29 casos concretos para definir definitivamente los efectos del «solo sí es sí» con riesgo de división

En concreto, la Sala Penal examinará los criterios aplicados por las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia de acuerdo con la norma promovida por la igualdad, reformada posteriormente tras el escándalo que produjo sus primeros efectos y que llevó incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para disculparse con las víctimas por sus «efectos adversos».

Hasta el momento, las declaraciones del Tribunal Supremo no han afectado a estas sentencias firmes, pero ahora es el momento de analizar la validez de todas estas decisiones que los jueces españoles han adoptado en los últimos meses, obligados por la reforma de Montero y por el principio penal según que obliga a aplicar la ley retroactivamente siempre que beneficie al imputado. Para esta tarea están convocados un total de 15 magistrados que tendrán encima de la mesa 29 casos concretos, indicaron fuentes judiciales a EL PERÓDICO DE ESPAÑA.

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Cada uno de los miembros de la Cámara es ponente de dos cuestiones, mientras que el presidente Manuel Marchena es ponente de una, según las mismas fuentes, que añaden que es muy probable que la división se produzca en alguno de los casos.

La nueva reforma penal que propugna el PSOE, y que ha provocado su enésima discrepancia con sus socios en el Gobierno unido de Podemos, permite evitar que futuros casos de agresiones sexuales desemboquen en penas más bajas. Para evitarlo, se introduce un subtipo en el delito de agresión sexual para reingresar en las circunstancias de violencia o intimidación.

El Tribunal Supremo aplazó este pleno hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, porque es una norma no escrita en el alto tribunal para evitar causas de trascendencia política durante el periodo electoral. Sin embargo, no se pudo evitar que el caso se saldara definitivamente a dos meses de las próximas elecciones legislativas tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez.

Examen para la oficina del fiscal

Entre otras cuestiones técnicas, deberá resolverse la validez del criterio adoptado por el fiscal general del Estado, Álvaro García, para intentar frenar la hemorragia en las ventas. Hasta el momento, la Corona ha presentado más de 230 apelaciones contra reducciones de sentencia y excarcelaciones ante el Tribunal Superior, informan los fiscales al periódico.

Las decisiones de los jueces sobre la reforma penal han tenido su primera revisión en los últimos meses por tribunales superiores, que muestran diferencias en los criterios de algunas de las primeras rebajas que han recibido los violadores. Así, por ejemplo, los tribunales superiores de Castilla y León, Andalucía o Baleares revocaron decisiones de las audiencias provinciales en coincidencia con la fiscalía, anulando las reducciones y excarcelaciones de varios delincuentes sexuales, mientras que en Madrid, su tribunal superior fue categóricamente ignorando las instrucciones dadas a los fiscales por Álvaro García.

‘Horquillas’ de las Penas

Estas instrucciones, que ahora delimitará el Tribunal Supremo, implican que en los supuestos en que la pena impuesta también sea imponible según la normativa resultante de la reforma, la pena no será revisable. El objetivo es analizar los distintos rangos de penas de prisión para cada uno de los delitos, y valorar si se pueden seguir manteniendo los años de prisión inicialmente dictados tras el correspondiente juicio al agresor sexual.

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Otra de las cuestiones que ahora debe valorar definitivamente el Tribunal Supremo es la posibilidad de aplicar a los casos de condena por violencia sexual lo dispuesto en el artículo 2 de la disposición transitoria segunda del Código Penal, tanto en las redacciones de 2015 que en 2022, una posibilidad que para muchos abogados no es más que un «parche» dado que la norma impulsada por el Departamento para la Igualdad no establecía ninguna norma de estas características al final de su articulado.

Según la Fiscalía General, la posibilidad de aplicar esta normativa transitoria y evitar rebajas de pena para los delincuentes sexuales parece ser el criterio seguido por el propio alto tribunal en hasta siete resoluciones en los últimos meses. Si el Pleno lo confirma, supondrá un aval a la reacción -en forma de circular enviada a todos los fiscales de España- con la que Álvaro García ha intentado frenar el escándalo de las reducciones y liberaciones desde que empezaron a hacerse públicas.

El debate del consentimiento

Si hay algo en lo que el Tribunal Supremo es claro, como ya lo ha señalado en diversas sentencias que han fallado en casación sobre casos que aún no estaban firmes, es en afirmar que el consentimiento de la mujer siempre ha estado en el ámbito Penal. Código, que parece contradecir las posiciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que defiende con fuerza su proyecto inicial de “poner el consentimiento en el centro” y permitir así que el Estado proteja a las mujeres.

En todas estas sentencias, el Tribunal Supremo admite que antes de la Ley de Igualdad, el consentimiento no había sido previamente tipificado en nuestra legislación en materia de delitos sexuales. Sin embargo, señala que ello no significa que “la jurisprudencia aún no haya entendido que ese consentimiento fue sustancial” para juzgar las violaciones.

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Abuso en el trabajo | En el comedor, en el correo: España amplía la lucha contra el acoso laboral

España da esta semana un paso importante en la lucha contra el acoso y la violencia en el trabajo, ya que a partir del jueves se empezará a considerar que pueden producirse más allá del lugar donde los trabajadores desarrollan su actividad: en el comedor, en el guardarropa, durante la jornada laboral viajes, de camino al trabajo, por mensajería instantánea, e-mail o llamadas…

Este jueves entra en vigor en España el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado el 25 de mayo de 2022, un instrumento internacional que obliga a los países que lo ratifiquen a proteger a los trabajadores, aprendices, jefes, despedidos, voluntarios y demandantes de empleo de la violencia y el acoso en el trabajo, incluido el acoso sexual y por motivos de género.

Fuentes del Ministerio de Trabajo citan EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que recoge situaciones y colectivos que van más allá de la relación laboral, pero que están vinculados a lo que el propio convenio denomina «mundo del trabajo», y que no sólo es aplicable a espacios físicos (como oficinas o negocios), ya que también extiende la protección frente al acoso a otras comunicaciones profesionales (mensajes, e-mails, redes sociales…).

márgenes más amplios

Una de las claves del Convenio es precisamente que amplía el ámbito del acoso laboral, tanto para los lugares donde se considera que puede perpetrarse, como para las personas que pueden cometerlo.

Así lo explica a este diario la secretaria Confederal de Mujer, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal: “La mayor importancia del Convenio 190 es que ha ampliado los márgenes de lo que es el acoso en el mundo del trabajo. Ça a élargi le lieu où se produit le harcèlement au travail, par exemple si un homme au travail vous harcèle par mail, c’est aussi considéré comme du harcèlement au travail, ou si un collègue vous appelle en permanence», précise-t- Él.

El acoso no es exclusivamente lo que ocurre en el lugar de trabajo, puede existir acoso “durante el trabajo, en relación con el trabajo o como consecuencia del mismo”.

La OIT aclara que el acoso puede ocurrir en el lugar de trabajo (“incluidos los espacios públicos o privados donde constituyen el lugar de trabajo”); en viajes, desplazamientos, eventos, actividades sociales o capacitaciones relacionadas con el trabajo; en lugares donde se paga a los trabajadores, donde descansan o comer o en instalaciones sanitarias, aseos y/o vestuarios.

También en el alojamiento proporcionado por el empleador, en los desplazamientos y, muy importante, “en las comunicaciones relacionadas con el trabajo, incluidas las que se realizan con tecnología”.

Vidal también explica que el Convenio 190 amplía los márgenes de la persona que acosa, que no limita a un superior o a un colega y que incluso puede involucrar a alguien que no está directamente vinculado a la empresa, por ejemplo alguien que acosa a una persona que trabaja en la recepción de un hotel.

El departamento que dirige Yolanda Díaz prevé que el tratado tendrá un «gran impacto» porque se reconocerá la situación de acoso sin tener en cuenta la relación de la persona con el mundo laboral, que incluye, entre otros, a los becarios.

El máximo responsable de CCOO señala que este instrumento internacional establece que existen conductas que constituyen acoso, tanto si quien las realiza no tiene la intención de vulnerar los derechos fundamentales ni la dignidad de la persona acosada, es decir, sea cual sea la intención, hay cosas que en sí mismas son humillantes y susceptibles de ser entendidas como acoso.

También ayudará, prosigue, aplicar la ley de igualdad de trato, sobre todo teniendo en cuenta que un empresario o una empresaria puede violar la ley por omisión, es decir sabe que un trabajador está siendo acosado y no actúa.

Daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos

El objetivo de este tratado internacional, que es vinculante para los Estados que lo ratifican, es «promover un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso», ya que estos «afectan el bienestar psíquico, físico y de las personas, su dignidad, su familia y su condición social». y “pueden impedir que las personas, especialmente las mujeres, ingresen al mercado laboral, permanezcan en él o se desarrollen profesionalmente”.

Un total de 27 países han ratificado el Convenio 190, que ya está en vigor en 14 estados, entre ellos Italia, Grecia, Reino Unido, Ecuador y Argentina. El jueves, España será el país número 15 en tenerlo en vigor.

Este tratado define la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como «un conjunto inaceptable de comportamientos y prácticas, o amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que ocurran una vez o repetidamente, que tienen la intención, causan o pueden causar daños físicos, psicológicos, daño sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso basados ​​en el género”.

Promueve la prohibición de toda forma de discriminación, el derecho a la integridad física y moral y a no ser sometido a tratos degradantes, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, el derecho al trabajo y a la seguridad y salud en el trabajo con «dignidad». condiciones de trabajo», recuerda el Ministerio del Trabajo.

La OIT subraya que la violencia y el acoso basados ​​en el género (incluido el acoso sexual) «afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas» y que se debe adoptar un enfoque inclusivo que tenga en cuenta las consideraciones de género y aborde las causas subyacentes y los factores de riesgo, incluidos los estereotipos de género y sus múltiples formas. de discriminación y abuso de poder contra las mujeres.

Vidal destaca los avances en este sentido de la ley del único sí es sí, que considera el acoso sexual y el acoso laboral por razón de género como violencia de género. Sin embargo, el dirigente gremial matiza que hay medidas importantes a tomar en este sentido, en particular que la inspección del trabajo desagregue las estadísticas de acoso sexual y por razón de género y que los trabajadores que sufran este tipo de violencia reciban todas las medidas de protección. intervenciones que están disponibles para las víctimas de otra violencia de género.

«Las mujeres son chantajeadas con más violencia y somos más vulnerables porque tenemos relaciones laborales más inseguras, lo que nos convierte en un objetivo más fácil cuando los acosadores juegan con el miedo a perder sus trabajos», dice. Por eso, continúa, no solo se debe alentar a las víctimas a denunciar, sino también hacerles entender que se les va a proteger.

Pide ayuda

El 016 atiende a víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer. Es un teléfono gratuito y confidencial que ofrece servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial a través del número de WhatsApp 600 000 016. Además, los menores pueden contactar con el teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, hipoacúsicas, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con el 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.

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Feijóo decidió apoyar al PSOE en el «solo sí es sí» pese a las dudas de altos cargos del PP

La imagen que dejó la votación de la reforma de la ley “solo que sí, es sí” habla por sí sola. La bancada del PP se puso en pie y aplaudió mostrando su total satisfacción por haber unido sus votos a los del PSOE y otros grupos, como Ciudadanos o el PNV, mientras la ministra de Igualdad veía finalizada la que podría haber sido su trayectoria más difícil en la cuerpo legislativo. La ministra de Justicia, Pilar Llop, retuvo el escaño. Para el PP se trata de un «éxito político y social», aseguran fuentes destacadas, que corrige «una ley muy lesiva» al tiempo que rompe la coalición en un tema muy delicado.

Pero aun así, había dudas entre algunos dirigentes sobre cuál sería –y podría ser– el coste de apoyar “un error exclusivo del gobierno” (el PP votó en contra de la ley a diferencia de otros grupos) teniendo en cuenta que la reducción de Las sentencias de los delincuentes sexuales continuarán durante muchos meses. En ese momento, la cifra llegó a mil. Por eso, todos los líderes populares hacen pedagogía en cada intervención. “Y lo seguiremos haciendo”, reafirma un alto funcionario del partido.

Dentro del comité directivo, algunos líderes expresaron su dilema. Lo mismo se aplica a los diputados y senadores de los grupos parlamentarios. Todo el mundo coincidía en que había que reformar la ley después de que el PP hubiera hecho de esta ley su gran estandarte de oposición. Y, como resultado, el debate careció de una discusión en profundidad. Pero estas dudas se basaban en dos motivos: repetir mucho a la sociedad que tras esta rectificación se seguirán conociendo excarcelaciones o casos de violadores y agresores que ven aligeradas sus condenas.

Y, por otro lado, que rivales políticos como Vox puedan acusar al PP de ser “cómplice” por haber apoyado a Pedro Sánchez en uno de los mayores errores de su mandato. Precisamente, el partido ultra ya ha comenzado este jueves a desplegar sus reproches en respuesta a unas palabras de Borja Sémper, que descartó la necesidad de derogar la ley si el PP llega a Moncloa.

Según pudo saber este diario, Feijóo argumentó desde un primer momento que la ley sería respaldada. “No hubo debate porque la decisión estaba tomada”, reiteran diversas acusaciones populares. Llegaron a la conclusión en diferentes reuniones de que la situación real debe ser muy clara: el daño está hecho y seguirá afectando las sentencias que se han dictado en ese momento, que deben ser revisadas o revocadas. en juicio, e incluso que inicien su instrucción en juicio en esos seis meses en que la norma haya estado en vigor.

Por eso, la consigna ha sido clara: defender la posición del PP y recordar en la medida de lo posible que el apoyo prestado no acabará con la reducción de penas de la noche a la mañana, sino que servirá para los delitos que se cometan a partir de ahora. Aunque el grupo parlamentario popular exigió un recurso al Gobierno y una negociación, el único objetivo era que aceptara una serie de modificaciones técnicas que los servicios jurídicos del PP habían detectado durante el análisis de la norma.

Fuentes empresariales aseguran que los contactos con el Ministerio de Justicia siempre han ido bien y que desde el principio han estado abiertos a estas mejoras. El resto de enmiendas, de carácter más político, no aceptarían. Al PP tampoco le importó. El partido duró sólo dos días: lo que tardó en aprobarse el dictamen en comisión y la llegada en pleno.

«La huella de Feijóo ha desaparecido»

En el partido reconocen que este ha sido uno de los ejemplos en los que «se ve la impronta de Feijóo». “El presidente entendió que lo correcto y el único camino posible era apoyar la ley. Incluso suponiendo que pueda haber costes o derivados que no podamos controlar tan bien. Pero no se planteaba no apoyar al PSOE. Siempre ha estado claro”, explican.

De hecho, el sentimiento en el Partido Conservador es que “su cultura política” implicaba estar del lado del otro partido mayoritario en temas tan importantes como este. «Tengo mis dudas de si Casado finalmente se habría retractado por no salvar a Sánchez», testificó un veterano técnico.

El líder del PP, que ayer viajó a Huelva y luego se reunió con Juanma Moreno en Sevilla, hizo alarde de la posición de su partido: «Fuimos responsables», dijo, criticando especialmente a Sánchez por perderse un debate crucial y ni siquiera acudir al Congreso a votar. . “Debería haberse disculpado e ido a votar”, insistió, y agregó que estará en su escaño en el Senado cuando la ley llegue a la Cámara Alta.

Y precisamente en la feria de Mairena del Alcor, ya en Sevilla y acompañado del presidente de la junta directiva, Feijóo volvió a hacer esa pedagogía que exige a sus dirigentes: «No pido el reconocimiento del PP para ser el impulsor de esta ley Todavía hay 3.000 casos adicionales en los que puede haber una sentencia reducida. Sin embargo, lamentablemente, es posible que sigamos viendo ventas durante meses. Le advertimos claramente”, asumió.

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La coalición asume que la tensión no cede tras el «sí es sí» y que seguirá hasta las legislativas

El gobierno de coalición está apoyado por un raíl débil y lo seguirá estando. Con eslabones cada vez más frágiles, desgastados por los sucesivos roces y que no hay forma de restaurar. El PSOE ha conseguido que se cambie la ley «sólo que sí, es sí» y quiere pasar página, pero sabe que la crisis interna ya no se puede imitar y que se prolongará hasta las legislativas. “Están en campaña. Quieren resaltar las diferencias, con nosotros y con Sumar”, explican fuentes del partido.

La aprobación de la reforma, gracias al voto del PP, no cambia nada, aunque Podemos la utilice para erosionar a Pedro Sánchez. Los socialistas juzgan «amortiguado» este conflicto, insisten en que estaban con la «mayoría social» y subrayan que hasta el 60% de los votantes morados apoyan la recuperación, según sus sondeos. No ven un mayor deterioro de la convivencia interna ya que Podemos -como el propio PSOE con los anuncios inmobiliarios- está en una batalla más global.

Desde principios de año han visto cómo se libera el socio minoritario, dedicado a demostrar la importancia de su presencia en el ejecutivo como eje principal de su campaña electoral, centrada en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y en la en medio de la guerra con Yolanda Díaz por la participación de Podemos en Sumar.

Por eso la distancia no tiene vuelta atrás. Aunque piensan que todo hubiera sido peor si Pablo Iglesias se hubiera quedado en el gobierno. Para los socialistas, sus críticas fueron «más ofensivas» y dio la impresión de que «quería romper». Se «destacan», apuntan sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la de Derechos Sociales, Ione Belarra, que también es secretaria general de Podemos, pero no de forma «exacerbada». Su previsión es que a partir del 28M «baje el diapasón». Creen que el parón estival dará un respiro a la difícil convivencia del ejecutivo y que a partir de «septiembre y octubre exagerarán las diferencias».

Con más o menos acritud, piensan, según al final haya o no acuerdo con Díaz. Como ocurre con media España, la dirección socialista cree que un día habrá acuerdo y otro que no. A partir de ahora, el sentimiento más extendido es que una vez superada la nominación de los 28 millones, habrá consenso y acordarán una candidatura común. Pero en esta reflexión es difícil distinguir qué es deseo y realidad, porque para el PSOE es fundamental que no haya dos listas a su izquierda. Si eso sucede, las opciones para reeditar el gobierno de coalición son cada vez menores.

«No se rompen»

La prueba de sus dudas es que barajan la hipótesis de que Montero y Belarra dejen el Gobierno poco antes de las elecciones generales, si finalmente Podemos se presenta solo. Pero como la posición actual es que habrá pacto, creen que «no se romperán» y que Sánchez mantendrá la unidad del Gobierno hasta el final. Cada vez más enfrentados, con la relación personal más deteriorada pero sin que nadie se decida a dar el salto.

A diferencia del PSOE, en Podemos consideran que con la reforma del «sí es sí» se ha traspasado una frontera. Fue la propia Irene Montero quien subió a la tribuna del Congreso para enfrentarse directamente a la titular de Justicia, Pilar Llop. La dirigente no dudó en lanzar desde el podio duras críticas a su compañera en el Consejo de Ministros. A estas alturas de la legislatura, y tras más de tres años midiendo las consecuencias de sus actos y palabras, en Podemos ya consideran que se descarta que alguna de sus guerras pueda tener efectos en el seno del Gobierno.

Durante la crisis del sí es sí, que ha caracterizado por ser especialmente prolongado -las rebajas de penas a violadores comenzaron en noviembre-, el ala socialista nunca ha puesto en duda la continuidad de Irene Montero al frente de Igualdad, según fuentes del partido purple . Una vez superado este episodio, asumen que Sánchez no dará ningún paso en este sentido hasta agotar la legislatura, puesto que “implicaría de facto romper la coalición”, y enturbiaría uno de sus grandes hitos: la presidencia europea que asumirá en el segundo trimestre de este año.

Pero en Podemos no perdonan al PSOE desautorizar la ley estrella de Montero, líder más visible del partido y aspirante a encabezar una candidatura morada, por si no hay acuerdo con Yolanda Díaz. Y por ello, prevén hacer de la alianza de los socialistas con el PP una alianza recurrente para la campaña electoral de mayo y el resto de la legislatura. “El debate no queda ahí”, “vamos a discutir mucho sobre esto”, adelantan diversas fuentes consultadas.

Ya este jueves, una vez finalizada la votación, Podemos difundió en sus redes sociales la imagen de la bancada popular aplaudiendo la reforma, ante los rostros serios de Llop y de la jefa de Hacienda, María Jesús Montero. Belarra y la propia Irene Montero también se mantuvieron impasibles como únicas representantes de Unidas Podemos en el banquillo azul. Yolanda Díaz, que había participado en el debate desde la mañana, se ausentó de la votación, dejando nuevamente solos a los dos ministros morados, como sucedió en la primera votación en el Congreso.

Tensión con Yolanda Díaz hasta la caída

La ofensiva contra el PSOE no pretende referirse al ala morada del Gobierno, donde las fuertes tensiones entre Podemos y Yolanda Díaz han empujado a las primeras a radicalizar sus posiciones para diferenciarse de las segundas, a las que acusan de connivencia con los socialistas . tesis

El clima de confrontación interna no ayuda a pacificar la situación dentro del Consejo de Ministros y amenaza con prolongarse hasta bien entrados los meses de verano, cuando Ferraz cree que habrá una pequeña tregua entre las elecciones de mayo y diciembre.

Pero se espera que las tensiones entre las dos facciones de la izquierda socialista duren al menos hasta el otoño. Sumar ha trasladado a Podemos que las negociaciones sobre un posible acuerdo para los generales no se reanudarán hasta junio o julio, según fuentes moradas. Un proceso en el que el partido de Ione Belarra prevé continuar con su campaña de reivindicación de «valentía» y «rebeldía» contra la izquierda «tibia», donde acusan a Yolanda Díaz.

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Irene Montero acusa al PSOE en el Pleno y promete «seguir»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, prometió este jueves «avanzar» en la defensa de la ley «solo sí, es sí», cuya reforma se aprobará hoy en el Congreso de los diputados gracias al apoyo de la PP y el PSOE, artífices de la propuesta, que según Montero supone un «retroceso» respecto al antiguo Código Penal. La titular de Igualdad ha dicho durante el debate de la reforma que hoy es el día «más difícil» que ha vivido en la Cámara Baja porque han sido «muchos años de movilizaciones de lucha feminista, trabajo en Gobierno y Parlamento para poner el consentimiento en el centro», pero ahora “escuchamos de nuevo que el consentimiento es teatro”.

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