El Ayuntamiento de Maracena (Granada) está bajo vigilancia desde que el pasado martes la pareja de alcaldes secuestró a una concejala de su propio partido, el PSOE, quien dijo que el secuestro podría estar relacionado con información sensible que tenía en su coche sobre convenios urbanísticos de la consistorio. El PSOE ha dado el paso al poner a disposición de la Fiscalía todos los papeles en materia urbanística desde 2007 y al anunciar una auditoría penal para disipar dudas sobre su gestión. La alcaldesa de Maracena, Berta Linares, insistió este jueves en un pleno extraordinario celebrado en el consistorio en ofrecer «la máxima transparencia» y en colaboración con la justicia.
Sin embargo, la gestión de este consistorio granadino no es auditada por la Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas desde 2019, tal y como ha podido comprobar este periódico. El Presbiterio no envió la información de sus cuentas, convenios y contratos, como lo exige la ley, a los órganos de control ni en 2019 ni en 2020. Ni en 2021, aunque todavía hay un plazo para esta documentación. Son tres años sin rendir cuentas. La alcaldesa comunicó que la Guardia Civil ordenó la custodia y custodia de todos los expedientes de las áreas de intervención, urbanismo, personal y mercados, pero no se exigió ningún expediente específico ni ningún registro de ayuntamiento. El ayuntamiento no ha presentado ningún documento al tribunal, hasta la fecha.
muchas sombras
El consistorio celebró un pleno extraordinario para esclarecer lo sucedido hace ocho días, el 21 de febrero, cuando el entonces compañero del alcalde Pedro Gómez, en prisión preventiva, secuestró a una alcaldesa del mismo grupo socialista, Vanessa Romero, con el que había una relación política complicada y que no iba a repetir en las listas. Lejos de arrojar luz, el pleno, retransmitido en directo, ha ensanchado la oscuridad sobre el caso.
El marido de la secuestrada, Luis Sánchez, acudió en calidad de público al pleno, tal y como ha señalado el portavoz del PP, Julio Pérez. Sin embargo, antes de que terminara, salió de la habitación y se dirigió a los medios de comunicación en la puerta, brindando antecedentes sobre lo que su esposa había dicho sobre el secuestro. A estas declaraciones públicas se refirió durante una conversación con este diario, asegurando que no puede decir nada más para proteger la investigación judicial. Aseguró que el secuestrador había hecho dos llamadas telefónicas aunque su esposa no pudo escuchar con quién estaba hablando y deslizó que todo estaba «preparado».
El secuestrador se le acercó en la escuela donde llevaba a sus hijas, al igual que el alcalde, y le pidió que lo llevara a una gasolinera porque se le había acabado el combustible. Una vez en el auto, colocó un arma junto a ella y la llevó a un pantano cercano. Allí la amenazó con golpearla con una barra de hierro antes de meterla en el baúl del auto, atándole los pies y las manos con bridas y amordazándola. La víctima temía «represalias», dijo su marido, sin especificar por qué ni qué denuncia estaba dispuesta a presentar.
la última reunión
Mientras tanto, en el Pleno, la portavoz del PP volvió a avergonzar a la alcaldesa, que cambió de versión. Evitó repetir que el día del secuestro no había visto a la víctima y que la última vez que habló con ella fue por videoconferencia el día anterior. Se volvió más conciso: “Di esa información a la policía judicial ese día. La pregunta del PP se refiere a vecinos que aseguran haberla visto con el secuestrador el día de los hechos, aunque no está claro si es cierto y la investigación se encuentra bajo un sigilo incompleto.
La alcaldesa también admitió que su pareja, con la que rompió tras el secuestro, estaba empadronada en Maracena desde hacía cerca de un mes y pese a ello seguía viviendo en Málaga, tal y como sostuvo en todo momento la concejala. En este caso, sería una grabación ilegal. También resultó que tenía domiciliada una empresa en el pueblo y tenía varios contratos con el ayuntamiento.
una gran deuda
El Ayuntamiento de Maracena tenía la obligación legal de poner a disposición de la Cámara de Cuentas sus cuentas anuales, tal y como exige el Estatuto de Autonomía. El municipio está gobernado en mayoría absoluta por el PSOE y tiene una deuda pendiente de más de 30 millones de euros, superior al presupuesto del presente año, que alcanza los 21 millones de euros. En 2013, el ayuntamiento ya había sido advertido por el organismo auditor en un informe donde advertía de irregularidades en el ámbito del personal, con una discrepancia entre el personal efectivo y el declarado del 53% por contratación de mano de obra. La Cámara de Cuentas advirtió que no hubo control sobre los subsidios ni su seguimiento. Hace diez años, las cuentas ya se rendían con graves retrasos y lagunas en la documentación. Llamativamente, en sólo cuatro años había cinco auditores municipales.
La mayor parte de la recaudación del impuesto correspondió a la urbanización entre 2005 y 2011 pero no ejerció ningún control, advierte la inspección, sobre la recaudación de estos impuestos. Maracena es una ciudad del área metropolitana de Granada situada a tan solo cinco kilómetros de la capital y que ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas. Hoy tiene 22.293 habitantes, según el Instituto de Estadística de Andalucía, y hace dos décadas contaba con 14.651. Un auge para un municipio de 4,8 kilómetros cuadrados, uno menos que Gibraltar, reconvertido en localidad de cercanías de la capital con buenos equipamientos y infraestructuras donde el PSOE gobierna con soltura con 11 de los 22 concejales del equipo municipal.
El alcalde del municipio desde 2007 hasta julio de 2022 fue Noel López, actual secretario de organización del PSOE andaluz, que ha cerrado filas con su número dos, así como con la dirección federal del partido, al que se refiere lo que dicen las cortes. Tras su salto a la política autonómica, tomó el relevo la actual alcaldesa, Berta Linares, que apareció entre lágrimas un día después del secuestro, condenando lo sucedido y asegurando que había roto con su pareja, con quien tenía una relación pero no convivía. juntos, ya que tenía un negocio en Málaga. El secuestrado fue destituido luego de ser alcalde accidental durante meses.
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