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El ‘correo’ que abrió la puerta al golpe de Medina y Luceño, clave de un posible trato preferencial

La dirección de correo electrónico que se facilitó a Luis Medina y Alberto Luceño para presentar su oferta de mascarillas, guantes y pruebas para detectar covid al Ayuntamiento de Madrid es la clave que ayudará a la investigación judicial a esclarecer si se ha tenido trato de privilegio en este caso , que se saldó con el cobro de millonarias comisiones por parte de los empresarios. Por ello, la acusación popular ejercida en nombre de Unidas Podemos ha solicitado varias diligencias encaminadas a esclarecer cómo se realizó este contacto y los detalles en torno al llamado “correo” facilitado por Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde.

“Hemos presentado nuevas diligencias de investigación encaminadas a corroborar si realmente los comisarios contactaron con el Ayuntamiento a través de un correo genérico para el suministro de material sanitario, según ha explicado este martes la portavoz de los violetas y diputada autonómica Alejandra Jacinto.

La cuestión del “mensajero”, según este partido, sigue en entredicho tras la declaración de este lunes como testigo de María Díaz de la Cebosa, quien fue la persona utilizada por Medina para contactar al gobierno municipal para ofrecerle insumos médicos.

Por ello, Unidas Podemos ha remitido un nuevo escrito al juez de la causa, Adolfo Carretero, en el que pide que se exija al Ayuntamiento que informe si hubo un correo general en 2020 destinado a recibir propuestas para la aportación de suministros médicos. . Asimismo, se solicita proporcionar los correos electrónicos enviados a dicha dirección desde los correos electrónicos de los demandados Medina y Luceño.

Protege los mensajes con los bancos

Por otro lado, este partido solicita a la Unidad Central de Lucha contra el Ciberdelito que recopile los archivos adjuntos de los correos electrónicos enviados por Medina y Luceño durante el año 2020 a los empleados de las sucursales de Deutsche Bank y Caixabank -entidades en las que dos tenían las cuentas donde recibieron el pago de la operación-, para justificar el origen de las transferencias que recibieron de la empresa malaya Leno, que es la que servía el producto.

Una vez obtenidos estos expedientes, solicita a los peritos policiales que elaboren un informe extrayendo los metadatos de dichos documentos para determinar la fecha real. “Pretendemos, con la intervención de la Unidad de Delitos Cibernéticos, aclarar si los contratos de los comisionistas con la empresa malaya se crearon ‘ad hoc’ una vez requeridos por los bancos”, explicó Jacinto.

Estas diligencias se consideran complementarias a la información que el abogado Carlos Martínez-Almeida, primo del primer alcalde de Madrid, y quien, según Medina y el testigo De la Cebosa, podría aportar este miércoles es quien facilitó el contacto. entre los comisionados y la administración municipal para obtener el contrato.

Aparición de la prima, este jueves

El abogado comparecerá ante el juez, el fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol y los cargos como testigo después de que el titular del juzgado de instrucción número 47 se negara a llamarlo como imputado, como lo solicitaron algunas de las partes. La razón, que no hay indicios para considerar que esta persona ejerció presiones sobre un funcionario municipal a lo largo de su intervención en este caso, lo que significaría un delito de tráfico de influencias que no está contemplado por el momento.

En la citación, sin embargo, el juez señala que su testimonio sirve «para conocer la forma en que los investigados contactaron con el encargado de contrataciones del Ayuntamiento de Madrid, y si hubo un trato privilegiado con ellos».

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El Ayuntamiento de Madrid pide al juez que no procese al director del tanatorio por ‘falta de relevancia penal’

Abogados del Ayuntamiento de Madrid han remitido al juez encargado del caso de las mascarillas, Adolfo Carretero, un escrito de alegaciones en el que piden al magistrado que no responda a la petición de Más Madrid de citar al director de la empresa municipal de servicios funerarios de Madrid ( EMSFM), Fernando Sánchez González, por la presunta comisión de un delito de mentira en documento público relativo a los contratos adjudicados a Luis Medina y Alberto Luceño.

Dicha falsedad documental se produjo presuntamente en la orden de compra de las mascarillas, fechada el 25 de marzo de 2020 y firmada al día siguiente por la portavoz del Ayuntamiento y presidenta de la junta directiva de la EMSFM, Inmaculada Sanz, y por el director de la empresa municipal cuatro días después, el 29 de marzo de 2020. Para entonces ya se había realizado el primero de dos pagos por el suministro de las mascarillas, según informa Más Madrid en la carta del 20 de abril, consultada por este EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio.

Al parecer este documento original difiere de la carta de misión enviada por el departamento jurídico del ayuntamiento con el objetivo de completar la declaración como testigo de Elena Collado, directora de la empresa de servicios funerarios y cementerios de Madrid, ante la fiscalía. anti corrupcion. en marzo de 2021.

Documentos del tanatorio acreditan trato especial del Ayuntamiento de Madrid a Luceño

El contrato firmado por el asesor del ejecutivo que encabeza José Luis Martínez-Almeida recogía el importe y el importe de la operación y reconstruye la carta de pedido original. Según Más Madrid, la firma electrónica de la carta de compromiso ha sido eliminada y sustituida por una firma manuscrita.

El Ayuntamiento indica en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que los hechos por los que Más Madrid solicita la imputación de Sánchez González «carecen de relevancia penal». Los abogados municipales sostienen que la falsedad debe relacionarse con elementos esenciales del documento y que también debe afectar de alguna manera la integridad del documento y los efectos que debe producir.

Por ello, consideran que los elementos que, al ser modificados, determinan un cambio en el origen del documento, su esencia, su significado o su función merecen ser considerados esenciales. En esa medida, la acción de falsificación realizada sobre aspectos secundarios e intrascendentes del documento, según entienden que ocurrió en este caso, no sería considerada una mentira delictiva.

“No se puede predicar una modificación de los elementos esenciales de la carta de mando o la simulación de una nueva carta de mando con el objetivo de engañar a la junta directiva” del Ayuntamiento de Madrid, según apuntan los letrados del Consistorio por escrito .

Según él, «no parece que estemos ante documentos alterados o simulados», sino que debemos «tratar con documentación diferente». Estas cartas de misión se utilizaron «simplemente a título informativo» a la hora de tramitar contratos de emergencia por la crisis del coronavirus, como los concedidos a la empresa Leno.

Así, desde el Ayuntamiento declaran que «no se puede apreciar la intención de ocultar información o de engañar o engañar a la Junta Directiva o al Ministerio Público», ya que «el objeto del contrato y el precio son idénticos» en ambos documentos.

Asimismo, Más Madrid solicitó al juez que impute al director de la EMSFM por el delito de obstrucción a la justicia. El Consistorio considera que el letrado del grupo municipal no se refiere en el escrito de hace una semana a qué hechos concretos hay que tener en cuenta.

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Tomás Díaz Ayuso | Anticorrupción ya ha cuestionado al hermano de Ayuso por el contrato de mascarillas de la Comunidad

El procedimiento de investigación que ha retenido la fiscalía anticorrupción respecto al contrato Priviet Sportive por el que la Comunidad de Madrid ha adjudicado la compra de mascarillas en plena pandemia, y por el que ha recibido el hermano del presidente de la Comunidad de Madrid , continúan su tratamiento y en este contexto Tomás Díaz Ayuso ya ha sido cuestionado, según ha adelantado El Mundo y ha sido confirmado por El Periódico de España, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, en fuentes comunitarias de Madrid. .

El instructor de procedimiento, que es el jefe anticorrupción Alejandro Luzón, le interrogó el pasado 6 de abril sobre la licitación del contrato de 1,5 millones de euros adjudicado a la empresa propiedad de Daniel Alcázar, amigo de la familia Ayuso. Este último, además, también tuvo que dar explicaciones pero en su caso a la Fiscalía Europea, que investiga un supuesto uso incorrecto de fondos europeos en este caso.

Según el mismo diario, el hermano de Isabel Díaz Ayuso habría defendido la legalidad del contrato en el que participó y por el que recibió 55.850 euros sin impuestos por su gestión para adquirir 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 en China. También habría negado que su hermana hubiera participado en la adjudicación de Priviet Sportive o tuviera conocimiento de su acuerdo comercial con el adjudicatario.

Hasta el momento ha trascendido que la fiscalía anticorrupción no ve ningún indicio de malversación o fraude contra la Hacienda europea o corrupción en el contrato del Priviet Sportive, pero apunta al tráfico de influencias y la mentira.

El caso está siendo investigado en paralelo por las dos fiscales, Anticorrupción y la Europea -creada hace menos de un año- tras un intenso enfrentamiento en el que finalmente se impuso el criterio de Luzón para no perder todo el expediente a favor de la institución dependiente. de la UE La decisión fue tomada por la Fiscal General, Dolores Delgado, quien contó con el apoyo unánime de los 32 fiscales que, junto a ella, integran el Colegio de Fiscales.

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Día clave en el caso de las mascarillas: Luceño y Medina, el lunes ante el juez

La investigación sobre la supuesta estafa del Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas, test y guantes durante los meses más oscuros de la pandemia vio este lunes un día clave con la declaración de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, por el momento los únicos imputados.

Esta será la primera vez que declaran ante el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, que les investiga por delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales (además de la sustracción de bienes en el caso Medina).

Fue esta fiscalía la que abrió las investigaciones hace un año y medio, durante las cuales investigó tres contratos firmados entre la empresa de servicios funerarios y cementerios de Madrid, íntegramente participada por el Ayuntamiento, y un comerciante malasio para adquirir guantes, mascarillas y prueba

Juez embargará derechos hereditarios de Luis Medina si no paga fianza

Productos por los que el cabildo que preside José Luis Martínez-Almeida pagó $11,9 millones, cantidad muy por encima de lo que efectivamente había pedido el vendedor y que, además, era de una calidad muy inferior a la ofertada.

Según la tesis de la fiscal, fue Luceño quien fijó e «impuso» los precios al Ayuntamiento y, de hecho, ocultó que «un alto porcentaje» de esta cantidad acabaría en sus cuentas a través de comisiones.

En concreto, más de 6 millones de dólares estima Anticorrupción que se embolsaron los dos empresarios. Con ese dinero se habrían comprado coches de alta gama -un Ferrari o un Lamborghini, por ejemplo-, una casa en Pozuelo de Alarcón (Madrid) o un yate, bautizado como Feria, por 325.515 euros.

El papel de Medina, hijo del duque de Feria y Naty Abascal, habría sido el nexo de unión entre el Ayuntamiento y Luceño «aprovechando su condición de figura destacada en la vida pública y su amistad con alguien cercano al alcalde». «. «, específicamente su prima.

Martínez-Almeida, qui a souligné le rôle du conseil en tant que victime, a assuré que son proche s’était limité à donner à une connaissance de Médine l’e-mail du conseil municipal et a déclaré que c’était le canal officiel para hacer.

Luceño le dice al juez que pondrá el dinero de sus casos actuales en la cuenta incautada

Luceño le dice al juez que pondrá el dinero de sus casos actuales en la cuenta incautada

El nombre del alcalde aparece una vez en una conversación entre Luceño y la coordinadora general de presupuestos y recursos humanos del Ayuntamiento, Elena Collado, otro de los nombres principales del sumario y que está previsto que comparezca como testigo el 9 de mayo.

“Ya me dijo Luis que lo llamó Almeida”, fue la alusión del empresario el 26 de marzo de 2020. Al respecto, Martínez-Almeida aseguró que llamó a Medina para agradecerle una donación de 183.000 mascarillas.

De «para llevar» a «la medalla pequeña»

En las últimas semanas han salido a la luz conversaciones y correos electrónicos de los dos empresarios, como uno en el que Luceño le decía a Medina, tras incautar el producto de la supuesta estafa, que el botín iba «por la bolsa». “¡¡¡Bien!!!”, respondió el segundo.

O el audio en el que Luceño, tras asegurar al jefe del Collado que «estaba todo coordinado», le dice: «Me debes, ahora me debes… una medallita me vendría bien. Una medallita civil».

El juez Adolfo Carretero se encontró en los últimos días con un problema adicional: no hay dinero suficiente en las cuentas de los empresarios para hacer frente a las responsabilidades económicas que se les pudieran imponer.

Solo aparecieron 247,26 euros por cuenta de Medina, a quien el juez acabó exigiendo cerca de 900.000 euros en fianza y también le imputó un delito de alzamiento de bienes.

Habrá que ver qué será de Luceño después de que el magistrado haya comprobado que no tiene saldo suficiente para llevar a cabo dichas responsabilidades. De momento, el consistorio le ha pedido que avale una fianza de 6,1 millones de euros.

De la justicia a la política

El asunto de las mascarillas no solo será noticia esta semana desde el punto de vista judicial. Un día después de las declaraciones ante el juez, se celebrará en el ayuntamiento un pleno extraordinario solicitado por Más Madrid en el que comparecerá el propio Almeida.

Junto al PSOE y Unidas Podemos, esta formación está presente en la causa judicial como acusación popular y ha denunciado en los últimos días que el Ayuntamiento «cambió y manipuló» los documentos presentados a la fiscalía en noviembre de 2020 en relación con los ofrecidos en abril de 2021.

Esta acusación sostiene que, según el sumario, se entregaron los primeros «documentos que contenían los contratos, las órdenes de compra y también la firma de la delegada de la zona de seguridad, Inmaculada Sanz, y pocos meses después esta firma y estos segundos documentos fueron eliminado en la documentación que se entregó al juez”.

Sanz, por su parte, pidió que se deje trabajar al Ministerio de Justicia y que Más Madrid deje de «hacer cacerías políticas».

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Juez embargará derechos hereditarios de Luis Medina si no paga fianza

El juez Adolfo Carretero, que investiga el caso de las mascarillas, embargará los derechos hereditarios de Luis Medina si no paga la fianza impuesta de casi 900.000 euros, cuyo plazo previsiblemente finalizará este viernes, aunque podría prorrogarse, según fuentes judiciales. dijo a Europa Press. .

Como paso previo a un posible embargo, el instructor ya se ha puesto en contacto con el juez de instrucción número 12 de Sevilla para que el letrado de la administración de justicia le informe si se sigue un procedimiento en este juzgado sobre los bienes del legado de la fallecida Eugenia. Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, duquesa de Medinaceli y abuela de Luis Medina.

El mandato se envió para saber si Luis Medina es parte en el proceso como actor y heredero para que, en este caso, se embarguen preventivamente sus derechos hereditarios y se inscriba el embargo en el registro de la propiedad o en los bancos, donde el el difunto tenía bienes inmuebles o cuentas corrientes.

Recientemente, el juez acordó ampliar a la investigación un delito de encubrimiento de bienes tras haber realizado enajenaciones de sus obligaciones y bienes desde el 13 de abril de 2021, fecha en la que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.

Solo se ha podido embargar un velero matriculado en Gibraltar por valor de 325.515 euros y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros para cubrir la responsabilidad civil por los presuntos delitos investigados, cuyo importe en su caso asciende a 1,2 millones de euros, exige una fianza de 891.227,07 euros.

Si no paga el depósito, todos sus bienes, muebles e inmuebles, serán embargados, y ello sin perjuicio de que dicha cantidad se incremente posteriormente en caso de que las responsabilidades pecuniarias del otro demandado, Alberto Luceño, sean no suficientemente garantizada dado el carácter solidario de la responsabilidad civil.

depósito de 6 millones

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid ha pedido al juez encargado de la instrucción del llamado caso de las mascarillas que exija la correspondiente fianza al empresario Alberto Luceño hasta la cantidad de 6.191.127 euros para garantizar las responsabilidades económicas que se le puedan imponer. eso. .

Los servicios jurídicos del consistorio, que actúan como acusación particular, responden así a la resolución dictada hace unos días por el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid tras comprobar la «insuficiencia de los bienes incautados» del hombre de negocios investigado con Luis Medina por una posible estafa del Ayuntamiento en la venta de mascarillas, test y guantes en plena pandemia.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, el consistorio presidido por José Luis Martínez-Almeida solicita subsidiariamente que, en caso de que Luceño no preste dicha fianza, se embarguen sus bienes «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que que podrías incurrir».

Para ello, solicita que se realice una solicitud al Punto Neutral Judicial a fin de conocer las cuentas corrientes abiertas a su nombre y en el de la empresa Takamaka Invest o de los bienes muebles e inmuebles que sean de su propiedad «en el monto total de 6.191.127€”.

Al igual que hizo con el empresario Luis Medina, al que impuso una fianza de cerca de 900.000 euros, el juez pidió a las partes que propongan nuevas medidas cautelares para Luceño tras comprobar que los bienes embargados no cubrían la cantidad que la Fiscalía Anticorrupción calcula que recaudó. en comisiones, 5,5 millones de euros.

Los dos empresarios están citados el próximo lunes a declarar ante el magistrado por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. En el caso de Medina, también deberá hacerlo por alzamiento de bienes, delito que le imputó el juez hace unos días al comprobar que en sus cuentas sólo había 247,26 euros y que había vendido bonos cuando ya lo sabía. que estaba siendo investigado y cuando Anticorrupción le había advertido de la posible comisión de una falta patrimonial.

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Luceño le dice al juez que pondrá el dinero de sus casos actuales en la cuenta incautada

El empresario Alberto Luceño ha negado haber incurrido en un delito de alzamiento de bienes en las millonarias comisiones obtenidas por la compra de mascarillas para el Ayuntamiento de Madrid, y se ha comprometido a ingresar el dinero de su actual negocio en la cuenta ingresada.

Así consta en una nota presentada al juez Adolfo Carretero, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que la pareja de Luis Medina afirma que «la próxima remuneración que reciba por los asuntos de actualidad realizados por Takamaka quedará registrada en la cuenta incautada de Takamaka». .

Esto luego del bloqueo de cuentas realizado el 8 de abril, que corresponde a tres cuentas corrientes. Uno de ellos pertenece a la sociedad Takamaka Invest SL, de la que el broker es agente. A partir de ahora, Luceño defiende «la ausencia absoluta de cualquier acto delictivo en el ordenamiento patrimonial».

Con respecto a los vehículos de lujo adquiridos, el empresario asegura que el dinero de sus ventas está en los saldos «incautados» de Takamaka.

El juez Adolfo Carretero ha dictado un auto en el que insta a las partes del caso de las mascarillas a proponer nuevas medidas económicas para imponer a Alberto Luceño después de que no pudiera embargar los 5,5 millones que se embolsaba en las comisiones y haber vendido hace 15 días los coches de lujo adquirió con la millonaria cantidad obtenida.

Fue el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid el que ordenó el embargo de un piso propiedad de Alberto Luceño situado en la localidad de Pozuelo de Alarcón. Esta propiedad, así como el dinero que tiene bloqueado en sus cuentas, no alcanza para hacer frente a la responsabilidad civil que pide la fiscalía y que supera los 5 millones de euros.

En un escrito remitido por este juzgado al Registro de la Propiedad de Pozuelo, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que el embargo implica la prohibición absoluta de vender, gravar, forzar o enajenar el inmueble que está a nombre de Takamaka Invest SL , propiedad de Luceño.

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Medina pide la fianza de Más Madrid igual que se impuso al PCE ‘cuando persiguió a Juan Carlos I’

Señala también en sus escritos la comparación con la acción penal «de la UPN contra la concejala María Solana en relación con la ocupación del Palacio del Marqués de Rozalejo», y dice de ambas que están «archivadas».

El hijo del duque de Feria hace estas consideraciones en un recurso de reforma contra la decisión del titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid de aceptar la comparecencia a título privado en este caso de la sociedad funeraria municipal a la que él y su socio Alberto Luceño vendió mascarillas, test y guantes para hacer frente a la covid, obteniendo comisiones cercanas a los seis millones de euros.

exposición a los medios

En su escrito, la defensa de Medina -que ahora ha sumado los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales con el delito de alzamiento de bienes- subraya que en este caso «esclarecen cuestiones muy delicadas» y que pueden causar grave daño grave por su exposición mediática, por lo que deberá imponerse fianza a las partes que pretendan figurar como acusación popular “además de comprobar que efectivamente acrediten su condición de perjudicados o perjudicados por los hechos investigados”.

Juez acusa a Luis Medina de levantar patrimonio

El escrito recuerda que la doctrina general que ha seguido el Tribunal Supremo en los últimos años es entender que la acción popular «conlleva la provisión de fianza, que debe ser proporcionada y justa», y que se ha generalizado hasta la cuantía de 12.000 euros.

Así ha sucedido en casos como el del partido Vox, donde se impuso esta cantidad, para continuar la querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por un delito de tráfico de influencias, o como si tuvieran que pagar la misma cantidad para procesar al presidente del Gobierno por un presunto delito de falsedad documental en relación con su tesis doctoral (caso que no fue admitido)”, añade el escrito.

Por ello, la defensa de Medina considera absolutamente necesario que las partes que comparecen ante la Fiscalía Popular sean citadas para actuar bajo la misma dirección y representación legal, “porque teniendo todos los mismos intereses en el caso, su actuación podría dar lugar a dilaciones indebidas”. , lo que perjudicaría gravemente la defensa de Medina. También exigen que se ordene a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y al grupo municipal Más Madrid actuar bajo una misma dirección jurídica.

directores de funerarias municipales

Por otro lado, el abogado de Medina señala respecto al tanatorio que, como ya ha dicho en un escrito anterior sobre la comparecencia del Ayuntamiento de Madrid, no considera que esta empresa se haya visto afectada o perjudicada por los hechos investigados. .

Esta empresa fue la comercializadora a través de la cual el ayuntamiento canalizó los contratos con la empresa malaya que actualmente están siendo investigados. Señalan que la coordinadora general de los presupuestos del ayuntamiento, Elena Collado, durante su declaración ante la fiscalía anticorrupción el 16 de marzo de 2021, dijo que estos contratos habían sido aceptados por la junta directiva de dicha empresa. y que ‘con las mascarillas no hubo problema, ya que se recibieron todas, eran de la calidad que esperaban y hasta dijo que el precio le parecía barato, porque en el mercado había el mismo tipo de mascarillas a 40 euros en ese momento», agrega el recurso.

Luis Medina le pide al juez que

Luis Medina pide al juez que expulse del caso al Ayuntamiento de Madrid: «Dieron por válida la solución»

Respecto a los guantes, la defensa de Medina señala que lo que informó Collado es que sí llegaron, pero no eran de la calidad esperada (40 mm) y se comunicó con el señor Luceño para solucionar el problema, procediendo en unas horas a regresar la cantidad de 4.025.000 euros, es decir, la diferencia entre los guantes pedidos y los que llegaron. “Es muy importante destacar que a la señora Collado le pareció adecuado el precio de los guantes que finalmente adquirió”, añade.

Las plantas

Medina también dice que una vez resuelta la incidencia, la sociedad funeraria y el ayuntamiento quedaron contentos con la solución, “por lo que ahora no pueden venir a reclamar por algo que consideraban válido y por lo que no tienen ningún tipo de archivo”. de denuncia, todo lo contrario de lo que han hecho”, con la empresa Sinclair, a la que han denunciado por no tener la calidad suficiente en las mascarillas adquiridas.

En cuanto a las pruebas, el problema fue, según la defensa, que uno de los lotes tenía poco reactivo, “pero ese líquido ya les había llegado hoy, no sé si no funcionaron, ya que ni el ayuntamiento ni el la sociedad funeraria lo habría reclamado”, concluye.

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Darias: «Las empresas decidirán si se usa la mascarilla en función del puesto»

La ministra de Salud, Carolina Darias, aclaró este miércoles que las empresas no evaluarán la necesidad de usar mascarilla o no por la evolución de la pandemia, sino por las características del trabajo, como si tiene una ventilación adecuada o la distancia está garantizada.

En una entrevista en Onda Cero tras la publicación del real decreto por el que deja de ser obligatoria la mascarilla en casi todos los espacios interiores, Darias ha subrayado que no se puede decir en qué empresas seguirá siendo obligatoria la mascarilla y en cuáles no porque «se dependerá del puesto y del entorno en el que se encuentre” y serán los servicios de prevención los que realicen esta valoración.

“Y habrá que tener cuidado”, ha añadido, porque “los servicios de prevención tendrán motivos fundados ya que habrán hecho la valoración correspondiente”.

Darias también mencionó la próxima actualización de la guía, que ya será la veintena, que reunirá estas recomendaciones para que los servicios de prevención puedan realizar la evaluación y determinar el riesgo.

Respecto a una cuarta dosis de la vacuna contra la covid, Darias indicó que esta semana se reúne la conferencia sobre vacunas y que el próximo estudio de evaluación se referiría a personas mayores de 80 años y recordó que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya había establecido la posibilidad de administrarla. otra dosis de refuerzo a este grupo de población.

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El juez no encuentra dinero suficiente en las cuentas de Luceño para embargarlo por los 5,5 millones del balón

Al igual que sucedió con el empresario Luis Medina, el juez Adolfo Carretero no encontró dinero suficiente en las cuentas de Alberto Luceño, también comisionista, para poder embargarlo por los 5.567.725 euros que habría embolsado el balón con material sanitario del Ayuntamiento. Ayuntamiento de Madrid. Por ello, pide a las partes implicadas en la investigación que propongan nuevas medidas económicas que aseguren que, en caso de ser declarado culpable, pueda hacer frente a la responsabilidad civil a la que pueda ser condenado.

Así lo afirma el presidente del juzgado de instrucción número 47 en una sentencia a la que tuvo acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo que este medio, y en la que añade que, respecto de los doce vehículos presuntamente adquirido con la mordida, Luceño ya maniobró sobre el Range Rover Sport placa 5104-LHB, y el KTM X BOW que compró el 30 de julio de 2020 (según las facturas en el sumario), meses después de celebrarse el negocio. . Los vendió a principios de abril, pocos días después de la admisión de la denuncia interpuesta contra él y su socio Medina por la fiscalía anticorrupción.

También concreta la compra de un Lamborghini Huracan Evo Spider que compró el 27 de noviembre de 2020 (también según facturas vistas por este periódico) y revendió en enero de este año. A título indicativo, y dado que esta enajenación de los vehículos se produjo mientras la investigación ya estaba en marcha, Luceño podría sumar el embargo de los bienes a los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por los que ya está siendo investigado.

Según la documentación facilitada por Caixa Bank al magistrado, el empresario solo dispone de 129.139 euros en efectivo. En una cuenta a su nombre tiene 1.365 euros, a los que se suman 119.397 euros a nombre de la sociedad Takamaka (de la que es administrador único y con la que compró la mayor parte de los coches), mientras que en una tercera cuenta otros 8.377 euros aparecen a nombre de Luceño con otra persona. El juez bloqueó estas cuentas además de las siguientes tarjetas: Visa Gold, Visa Gold Business, Visa Business Stock Credits, Visa Business Credit y Visa Debit Barclays.

Recuperación de la propiedad

«Somosaguas Club» que Luceño también adquirió con el encargo de las mascarillas, pruebas y guantes para el tanatorio municipal.

Adquirida por 1.107.400 euros, la vivienda con sus tres plazas de aparcamiento, también se puso a nombre de la empresa Takamaka, y el juez prohibió su venta, gravamen, obligación o enajenación, según el documento al que tuvo acceso. periódico.

En el caso de Medina, solo se encontraron 247,26 euros en la cuenta de Deutsche Bank en la que se depositó la comisión, y tampoco hay constancia de los dos bonos por un total de 400.000 euros que habría adquirido con la comisión de un millón de euros ganados en la operacion.

En respuesta a la jueza, que pidió nuevas medidas para garantizar también en su caso que Medina pueda responder a una posible responsabilidad civil tras ser condenada, el PSOE destacó el legado de una de las abuelas del empresario, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa. El aristócrata se encuentra inmerso en un proceso judicial ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de los de Sevilla, por el que reclama los derechos que le puedan corresponder en la herencia de su abuela.

Por otra parte, el representante legal de Podemos en las actuaciones también solicitó en un escrito que se fije una fianza suficiente contra Medina en el «plazo improrrogable de tres días», y cuyo importe debe alcanzar al menos el importe de las ganancias de delito. Eso es un millón de euros. Asimismo, solicita que en la misma resolución se dicte el embargo de bienes suficientes, así como la prohibición de enajenarlos, para cubrir los referidos cargos. Ahora deberán presentar medidas similares respecto a Luceño.

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Caso Máscaras | El PP maniobra para diluir el pleno extraordinario de mascarillas aplazándolo hasta última hora de la tarde

El PP está maniobrando para que el pleno extraordinario sobre el asunto de las mascarillas que debería celebrarse próximamente se diluya al celebrarse al final de la tarde del próximo martes 26, después del pleno ordinario.

El presidente del Pleno, el concejal popular Francisco de Borja Fanjul, llamó este lunes a portavoces de la oposición para testearles la posibilidad de que así fuera, lo que rechazaron rotundamente, según pudo saber El Periódico de España.

Lo cierto es que el equipo de gobierno está en condiciones de tomarlo en esa fecha, y se realizará después del pleno ordinario, ya que la formación que encabeza Rita Maestre lo solicitó el 1 de abril, y el ejecutivo municipal tiene hasta 15 días hábiles. para invocarlo. 15 días que vencen precisamente el próximo martes.

“Almeida no ha dejado de ocultar información ni de mentir directamente. Estuvo un año y medio ocultando que la Fiscalía estaba investigando un contrato de su gobierno y cuando esto se descubre sigue ocultando, mintiendo y tirando bolas. el pleno extraordinario no es una excepción”, explica Rita Maestre, quien cree que el objetivo de Almeida “es intentar pasarlo desapercibido, que lo descubra el menor número posible de personas”.

“Está claro el afán del alcalde de informar, de contar lo que pasó, de explicar a la ciudadanía. Es incapaz de dar explicaciones de una manera seria y tranquila. Sabe que cada vez que habla surgen nuevos interrogantes porque se sigue contradiciendo. e improvisando a medida que se va conociendo la noticia. Por eso no quiere presentarse en el pleno”, añade la portavoz de Más Madrid.

La oposición centra la presión sobre Villacís para que rompa con Almeida: ‘Pasó de pareja a novio’

En Recupera Madrid también denuncian las malas artes para la convocatoria del pleno extraordinario y siguen a la espera de que se den las explicaciones pertinentes.

«Lo que está haciendo el Ayuntamiento es huir de la responsabilidad que es una obviedad. Medina tiene claro que es un capullo, pero dice que fue de mutuo acuerdo», dice el edil de la tarima, José Manuel Calvo, que informa que Fanjul también les ha pedido que retiren el asunto de la materia prevista para el pleno ordinario en caso de que se convoque la reunión extraordinaria en esas fechas.

Para este concejal, el gobierno municipal ha estado «presuntamente confabulado» con el paro de Luceño y Medina. «Cuando tuvieron la sospecha de que podían haber sido víctimas de una estafa, debieron denunciarlo. Lo que dice Luis Medina es ‘a mí no me pidieron nada'», explica Calvo, que cuestiona también «al compadreo». entre el Consistorio y los comisionados.

Luis Medina le pide al juez que

Luis Medina pide al juez que expulse del caso al Ayuntamiento de Madrid: «Dieron por válida la solución»

«Un funcionario que administra dinero público [Elena Collado, responsable de las compras de material sanitario durante la pandemia] No puedes decir que 50.000 mascarillas del material que compras van a un lugar determinado”, señala en referencia a que estas protecciones fueron al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda a petición de Luceño, ya que allí trabajaba su mujer.

Mientras tanto, fuentes municipales recuerdan que es habitual que se solapen plenos extraordinarios, como el de presupuestos, e insisten en que esta semana ha sido muy complicado haber convocado el pleno ya que se han convocado las comisiones de todos los ámbitos. Señalan, además, que el pleno se convoca dentro del plazo reglamentario.

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