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Muere un menor de 16 años en un incendio en una casa de Barakaldo

Un menor de 16 años ha muerto y otras seis personas han resultado heridas en un incendio que se ha producido este domingo por la mañana en la localidad vizcaína de Barakaldo.

Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, el incendio se inició a las 02.45 horas en el número 2 de la plaza Auzolan, en el centro de la ciudad.

La estructura del edificio, de cuatro plantas, es de madera y el fuego se ha vuelto muy intenso.

Cuatro adultos y dos menores fueron trasladados al Hospital de Cruces, Barakaldo, y también hubo una persona desaparecida.

Cuando se extinguió el fuego, en su interior se encontró el cuerpo sin vida de la menor de 16 años desaparecida.

Un testigo dijo a Radio Euskadi que las llamas arrasaron con la escalera de madera del edificio y varios vecinos, algunos de ellos menores, tuvieron que tirarse por las ventanas.

La Policía Local de Barakaldo, en colaboración con los Bomberos de la Diputación Foral de Vizcaya, desalojó cuatro edificios y las familias afectadas fueron trasladadas al colegio de Larrea para pernoctar en él.

La familia del minero fallecido estuvo atendida en todo momento por los servicios municipales, equipos de psicólogas y la alcaldesa, Amaia del Campo, que visitó la Plaza Auzolan.

Durante la mañana, Bomberos y Policía Local continúan trabajando para garantizar la seguridad en el edificio dañado y sus alrededores.

El edificio en el que se inició el incendio, que corre peligro de derrumbarse y que permanecerá vacío, será inspeccionado por arquitectos municipales para comprobar la estructura cuando los bomberos aseguren la zona.

El Ayuntamiento de Barakaldo convocó un consejo de portavoces para determinar la actuación del Ayuntamiento.

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Abrazos y la ilusión de los niños saharauis vuelven a Tenerife

La crisis económica pospandemia también se refleja en gestos de solidaridad con el pueblo saharaui, como las tranquilas vacaciones de las que disfrutan cientos de menores cada año. Es un fenómeno que se puede ver en toda España, pero también en Canarias.

Hace menos de una década llegaban a todo el territorio nacional más de 9000 niños y este año, por ejemplo, son aproximadamente 2800. Cada verano podrían llegar al Archipiélago más de 220 beneficiarios, pero actualmente llegan menos de la mitad.

Pero lo que no desmerece es la calidad de las relaciones que se establecen entre muchos de estos pequeños, sus familias de acogida en las islas y sus familiares que se alojan en los campamentos. Abrazos y besos repetidos.

Nieves, vecina de La Victoria, acoge este año a dos hermanas de 10 y 8 años. Se llaman Sektu y Dumaha. Las dos niñas viven en la región de Smara. Cuando se le pregunta a Sektu cuál es su nombre, responde que «este soy yo Nievitas». Este es el cuarto año que tiene la oportunidad de disfrutar de sus vacaciones en paz.

Treinta y seis niños permanecen en Tenerife, siete en Fuerteventura, seis en Lanzarote, media docena en La Palma, 42 en Gran Canaria y uno en El Hierro.

Lo que más le gusta de su estancia en Tenerife es disfrutar de la playa, la piscina o las actividades del campamento en el que participa durante unas horas al día. Comenta que Nieves, su madre adoptiva, «está muy bien», mientras le compra ropa y zapatos. Sektu tiene seis hermanos y le encanta bailar. En el campamento juega, pero también aprende el idioma español.

Su hermana, Dumaha, abraza a Nieves una y otra vez. La niña y una prima insisten en que esta mujer se pruebe una joya que le regalan. El dicho vecino de La Victoria lo explica: “no pueden comer algo sin compartirlo contigo”.

Hace 14 años Nieves empezó a acoger a niñas saharauis y doce veces fue a los campamentos saharauis. Sektu, a quien tuvo en sus brazos cuando era un bebé, es el cuarto más joven que acoge.

En este punto, Nieves considera que tiene otra familia en tierras africanas. Y, como tal, ayuda a los padres de Sektu durante todo el año, comprando comida o agua, por ejemplo. Para hacer frente a estos continuos gestos de solidaridad, Nieves aporta su dinero, pero también implica que familiares, amigos o conocidos donen recursos económicos.

Precisa que en estos procesos de acogida estivales no todo es sencillo ni idílico. Un elemento importante, desde su punto de vista, es que los niños, sobre todo cuando vienen por primera vez, “tienen que acostumbrarse a la vida aquí”. a que cosas «Todo», responde.

Explica que tienen que adaptarse a dormir en una cama, ya que en su campamento lo hacen en el suelo; pero también a otras cosas básicas, como balcones, pasos de peatones y calzadas, grifos de agua o lengua, entre otros. Pero, y sobre todo, lo más importante, no están con sus seres queridos, «que les quieren mucho». Hay momentos en que la tarea de convivir con menores así no es fácil para las personas que los acogen. Y así lo admitió Persi Arzola en su discurso a las familias de acogida, especialmente a las nuevas, a las que pidió no desesperarse en los primeros días y que la Asociación también esté ahí para darles apoyo.

Cuando va a los campamentos saharauis, lo que más llama la atención de Nieves es la capacidad de solidaridad y hospitalidad de un pueblo que no tiene territorio propio. “Aunque no tengan nada, intentan compartir y darte todo”, añade.

Persi Arzola, que trabaja como una de las coordinadoras de la actividad de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (Acaps), admite que en la reducción de datos de recepción influye decisivamente la crisis económica generada tras la pandemia. Recuerda que hace siete u ocho años llegaron 146 niños a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Según Arzola, se necesita más información para el público y más apoyo de las instituciones públicas. Pero su mensaje es directo: “Tienes que volver.

Alberto Negrín, presidente de Acaps, recordó que los niños llegaron al aeropuerto de Gran Canaria a las cinco de la mañana. Treinta y seis niños permanecen en Tenerife, siete en Fuerteventura, seis en Lanzarote, media docena en La Palma, 42 en Gran Canaria y uno en El Hierro.

Según Negrín, este año los trámites han sido bastante complejos. Agradeció el apoyo ofrecido por el Cabildo de Tenerife para hacer realidad esta iniciativa. Durante los años 2020 y 2021 no se realizó el experimento debido a la pandemia. El programa se reanudó en 2022 con 92 beneficiarios y este año con 101. Pero, al final, algunos niños no subieron al avión por diversas razones.

“Esperemos que en la próxima campaña, en verano de 2024, tengamos las cifras que teníamos antes en Canarias, de 220 o 230 niños”

Ha recordado que los menores también se someterán a reconocimientos médicos en las próximas semanas, gracias a un convenio con el Servicio Canario de Salud (SCS), para ser examinados por médicos, dentistas u oftalmólogos, por ejemplo.

Alberto Negrín ha explicado que desde la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui “no olvidamos ni dejamos atrás la vertiente política y de derechos humanos de este pueblo”. Se emocionó cuando dijo que «esta ciudad sufre desde hace 47 años y tiene un territorio que no puede usar». “Y estos niños son los más afectados por este conflicto, incluso por gobiernos, como el actual de España, que ha vuelto a dar más alas al dictador marroquí para que no acabe de inmediato”, ha explicado Negrín.

«Ellos sólo quieren vivir en su tierra, no están pidiendo nada más», apuntó, a la vez que añadió que «deseamos que esa parte también se pueda ir trabajando desde las instituciones de la Unión Europea y de las Naciones Unidas para que lo consigan un día».

La concejala de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, ha agradecido la labor que realiza la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui y «la labor que realizan las familias que, solidariamente, acogen a estos niños y niñas en sus hogares».

Dijo que esta acción es un ejemplo de que Tenerife es «una isla solidaria». Su departamento está aportando 30.000 euros para hacer frente a este proyecto. Prometió que seguirá trabajando en esa dirección “para que, al menos, en el breve periodo de julio y agosto, estos niños puedan disfrutar de otra realidad, sin olvidar la que tienen en su lugar de origen”. La regidora indicó que desde su región seguirá apoyando acciones encaminadas a fortalecer valores como la solidaridad y la tolerancia.

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Ultima Hora

Un menor de 14 años resultó gravemente herido por un disparo de plomo en Córdoba

Un menor de 14 años se encuentra hospitalizado en estado muy grave en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba, tras recibir un disparo de bala en el pecho, informaron a EFE fuentes de este centro sanitario y del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El menor ingresó ayer domingo en el hospital público y se encuentra en su unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde evoluciona favorablemente, en estado grave, sin que hasta el momento se hayan revelado las circunstancias en las que se han revelado los hechos que lo llevaron a recibir el golpe de fuego. . .

Emergencias 112 Andalucía recibió ayer a las 21:15 horas una llamada del Hospital San Juan de Dios informándoles del ingreso del menor con un balazo en el tórax y que padecía taquicardia, por lo que fue evacuado al Hospital Universitario Reina Sofía .

Fuentes de la Policía Nacional aseguraron que estaban recabando información sobre el caso, sin especificar si ya habían abierto una investigación.

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Llevan más de dos años retenidos en una casa de Valencia a tres menores para huir de la justicia

La Policía Nacional ha detenido en la localidad valenciana de Cullera a un hombre y una mujer como presuntos autores de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar y abandono de menores por maltratar y mantener aislados y encerrados a tres menores de edad, durante más de dos años. Según explicó la policía, también había cinco cargos judiciales vigentes contra el hombre por delitos de estafa, incluidos dos por arresto y prisión.

Involucrados en delitos de estafa

Se da la circunstancia de que los dos detenidos fueron procesados ​​por la Audiencia Provincial de Valencia en 2021 por colaboración en un delito de estafa con la madre de los menores maltratados, Fátima LP, que se encuentra en prisión por haber acumulado cuatro condenas firmes por el mismo delito . . Según ha podido saber Levante-EMV, un cuarto menor vive en prisión con esta mujer, su hija y el actual preso, que acudía en ocasiones al chalet donde estaban los otros tres niños desamparados.

La presa, profesora de un centro espiritual de productos esotéricos de Valencia, se hizo pasar por abogada en ejercicio y aprovechando el conocimiento de la situación personal de uno de sus clientes del taller esotérico, hacen creer que Fátima era abogada y que pudiera asistir a los procesos judiciales que tenía pendientes, como víctima de supuesta negligencia médica y presentar un recurso de apelación ante la Corte Suprema.

Para realizar las diligencias judiciales, la madre de las menores junto con su pareja sentimental y una amiga -ahora detenida- exigieron a la víctima del fraude el pago de cuotas y el pago de anticipos que fueron depositados en una cuenta bancaria a nombre de este amigo En total, el estafador llegó a pagar a los acusados ​​5.882 euros, mientras que ellos querían que ella les pagara hasta 52.000 euros.

En este juicio, Fátima LP fue condenada a un año y nueve meses de prisión, el amigo colaborador, a seis meses y el padre de los menores no pudo ser juzgado porque no se sabía dónde estaba y estaba pendiente una orden de allanamiento y captura. En su contra. , que acabó con su detención en Cullera y el encarcelamiento decretado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Sueca.

El detenido, prófugo de la justicia

Precisamente, la Policía Nacional de Xirivella inició en marzo su investigación como parte del operativo para localizar y detener al hombre, que huía de la justicia, tras detectarse varios cambios de domicilio. En ese momento, era consciente de que muchos menores podían vivir episodios de abuso y abandono. Los investigadores determinaron que los menores podrían ser hijos del prófugo y estarían viviendo al cuidado de un conocido, ya que la madre biológica cumplía condena en prisión.

Tras un arduo trabajo de investigación dificultado precisamente por los cambios de residencia de los investigados, que habrían ocupado distintas viviendas en localidades de la provincia de Valencia y, con la colaboración de la Policía Local del municipio de Ribera Baixa, han encontrado los sospechosos en un edificio de esa localidad donde también eran ocupantes ilegales. En la cabaña también localizaron a los mineros.

Sólo la esposa salió de la casa.

Tras instalar un dispositivo de vigilancia, los investigadores comprobaron que las ventanas de la casa estaban siempre cerradas y las persianas echadas, lo que imposibilitaba la entrada de luz natural. También observaron que solo una mujer salió. En algunas ocasiones se la vio acompañada de un bebé de alrededor de un año.

A lo largo de la investigación, los agentes confirmaron que ninguno de los niños había ido al colegio durante al menos tres años, lo que, unido a la situación de encierro y control absoluto en la que podían vivir los menores, hizo que los agentes solicitaran de inmediato autorización de entrada y registro de la propiedad. para garantizar la protección efectiva de los niños.

Durante el cateo realizado en el domicilio, la policía identificó con los sospechosos a una joven de 18 años y tres menores de 15, 11 y 1 años, todos hijos del hombre. Además de acreditar la situación de abuso e impotencia en la que se encontraban. Los menores, privados de su libertad, no asistían a ninguna escuela. De hecho, ni siquiera se encontró material escolar que indicara distanciamiento o capacitación de los padres. Además, tenían una notoria falta de higiene debido a las condiciones inhabitables e insalubres de la casa.

Las pesquisas apuntan a que la madre habría tenido conocimiento de la pésima situación que vivían sus hijos en la okupación de Cullera, aunque hasta el momento no se ha imputado ningún delito por ello.

entrando a la carcel

Ante estos hechos, los agentes detuvieron al hombre y a la mujer, de 51 y 57 años respectivamente y de origen español, como presuntos autores de los delitos de maltrato en el ámbito familiar y abandono de menor. Además, el hombre también tenía cinco órdenes judiciales pendientes por delitos de fraude, incluidas dos por su arresto y encarcelamiento. Los detenidos, con antecedentes penales, acudieron a los tribunales, ordenando el encarcelamiento del hombre. Según pudo saber este diario, los mineros están a cargo de una de las abuelas.

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Alquileres «a precio obsceno» para los centros de Tafira y Vegueta

Los centros de menores inmigrantes de Tafira y Vegueta, gestionados por personal de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que se encuentran bajo investigación anticorrupción por falsificación de documentos comerciales, malversación y/o malversación de caudales públicos, elogiaron ambas propiedades de empresas grancanarias que tienen el mismo gerente. La fiscalía destacó el «precio obsceno» del arrendamiento en el caso del dispositivo de emergencia de Acorán, que alcanzó los 35.000 euros mensuales, y la ausencia de cláusulas en el contrato del centro de Guiniguada. El agente de las empresas arrendadoras justificó este alto costo por el «riesgo» que implicaba poner a disposición estos edificios para este uso específico. El caso examina si cuatro directores de cinco centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados en la isla y Lanzarote se apropiaron de las cantidades que la ONG recibió del Gobierno de Canarias.

Según el estudio realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), entre junio de 2021 y marzo de 2023, Respuesta Social Siglo XXI pagó hasta 605.000 euros por el inmueble situado en la carretera de Marzagán, cerca de Tafira (Las Palmas). Gran Canaria). El primero de estos ingresos llegó el 5 de julio de 2021 por valor de 35.000 euros. Mensualidades que se siguieron transfiriendo hasta mayo de 2022, cuando pasaron a ser de 22.000 euros mensuales.

El delegado anticorrupción de la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas, destaca en su denuncia esta cantidad «sobredimensionada» de ingresos. “Al contrario del deficiente estado del inmueble (…) y el elevado precio (35.000 euros) del alquiler mensual”, subraya. Este contrato de arrendamiento se firmó por un período de 24 meses a partir del 1 de junio de 2021. La relación, según confirmó este miércoles a este diario el administrador de la sociedad a través de la cual se arrendó el inmueble, se ha prorrogado por un período que no se definirá.

«Un gasto superfluo»

Durante la inspección realizada por la Fiscalía de Menores de Las Palmas a la vivienda el 15 de julio de 2022, este contrato entre la Fundación y la empresa Pine Point, SL no pasó desapercibido. Cabe señalar que la renta mensual que paga la ONG “supone una cantidad que se traduce, respecto a otros centros ubicados en este entorno, en una superficie mucho mayor y un equipamiento mucho mejor y que paga entre 5.000 y 6.000 euros de renta mensual (. ..) totalmente desproporcionado, suponiendo un gasto no sólo superfluo sino rayano en lo obsceno». El Ministerio Público reprocha que sería difícil «encontrar un inmueble con dicho» alquiler en toda la isla de Gran Canaria.

Como diligencia a realizar por el Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que se hizo cargo de la investigación del caso, Ródenas solicita que se remita oficio a la UDEF para que concluya la Investigación de Pine Point. Pero también a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Ejecutivo Autonómico para que aporte el contrato de arrendamiento original del inmueble donde se ubica el Centro de Menores de Guiniguada.

Martínez Soliño defiende gestión de gobierno

La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias en funciones, Gemma Martínez Soliño, afirmó ayer, en una entrevista a la Cadena SER, que la lucha contra la corrupción ha señalado que hay una cantidad de dinero que ha sido «malversada por un fundación privada con la que trabaja el Gobierno de Canarias» y que, «en absoluto», cuestionó la labor de la consejera del Ejecutivo de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana. Consideró que el tratamiento que se hace del caso es «amarillento y extremadamente politizado», al tiempo que defendió que los informes publicados por Unicef ​​o Acnur «hablan de una muy buena gestión del Gobierno de Canarias» en este respecto. menores inmigrantes. Asimismo, Martínez Soliño señaló que el departamento al que pertenece colabora con la fiscalía en la investigación desde enero, cuando se hicieron las demandas, “con total transparencia”. Y que el caso «irá hasta el final», ya que es dinero público y «es muy grave».

En cuanto al Centro de Menores de Vegueta, así lo refleja la inspección de la Fiscalía de Menores de marzo de 2023, al solicitar el alquiler de la casa ubicada en el casco histórico y así lo mostraron impreso. Fue fichado por Sociedad Competencia y Precisión Empresarial, SL el 18 de enero de 2021 por un plazo de 12 meses con prórrogas automáticas. La misma persona que alquiló el chalet Tafira figura como coadministrador de esta sociedad. Sin embargo, no se proporcionaron las cláusulas de alquiler mensual y depósito, ya que incluían “XXXXX”.

Este inmueble había sido reformado hace unos días para instalar un pequeño hotel emblemático, pero con la crisis del coronavirus y el nulo turismo que ha provocado, tuvieron que buscar una salida a la inversión que hicieron, por lo que acabaron cediendo el usufructo. del mismo a la entidad social para la recepción de migrantes en plena llegada masiva de personas a las islas.

Obras e incertidumbre

El administrador de las sociedades de arrendamiento de los inmuebles de Vegueta y Triana alegó que cuando los funcionarios de Siglo XXI lo contactaron, de lo que sabían después de haber actuado como apoderado para firmar el contrato del inmueble en el centro histórico, para alquilar la casa de Tafira, les advirtió que no reunía las condiciones exigidas para albergar a menores. Y requirió una serie de mejoras para ponerlo al día. “Tuvimos que hacer una gran inversión, con grandes obras, para poder tener las condiciones ideales”, dijo. También se encuentra en medio de una «gran incertidumbre», ya que no está claro cuánto tiempo permanecerán los migrantes. Lo cual, en su opinión, demostraría los altos ingresos.

El empresario aseguró que cuando la Fundación abandone el inmueble, «será como si Atila y todos los caballos hubieran estado allí», hasta el punto de que no descartó tener que «demoler la casa» o gastar una cantidad importante de dinero. dinero para reformarla. “Arrancaron tejas, puertas, ventanas…”, dijo. Para añadir entonces que no tiene nada que ocultar sobre su conducta en estos arrendamientos: «No tengo conocimiento de los directores de los centros, y mi contabilidad está perfectamente hecha». De hecho, cuando los agentes del orden público se presentaron en su domicilio para interrogarlo sobre el asunto, “inmediatamente les entregué todos los documentos que me pedían porque no tenía nada que ocultar”.

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Una empleada de Siglo XXI Social responde: «Me pidieron que agregara gasolina para justificar los gastos»

Un empleado que trabajaba para la Fundación Respuesta Social Siglo XXI en uno de sus centros de acogida de menores inmigrantes en Gran Canaria confirmó este martes que el director de este recurso le había pedido que echara gasolina a los coches para poder «justificar los gastos». . Su versión confirma las investigaciones realizadas por la fiscalía anticorrupción en cinco dispositivos gestionados por la ONG en Gran Canaria y Lanzarote. Un juzgado admitió a trámite la denuncia contra cuatro directivos y la propia entidad social al ver indicios de la posible comisión de delitos de falsificación de documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos.

Ángel FC, quien pasó a ser subdirector del centro donde laboraba -El Tablero-Puerto Rico- durante unos meses en sustitución de la persona que ocupaba el cargo en excedencia, vio en ese momento «movimientos sospechosos» de dinero. De hecho, insistió en que los funcionarios «hagan y deshagan a su antojo» sin que nadie les diga nada. «El director de la Fundación vive en Madrid y ni creo que sepa cómo son las Islas Canarias, así que esta gente podría hacer lo suyo, sin represalias ni control», dijo durante una entrevista con este. periódico.

Hasta 20.288 euros en gasolina

La denuncia anticorrupción que investiga actualmente el Juzgado de Instrucción 7 de la capital grancanaria pone de manifiesto que varios de los centros de menores analizados han justificado «un número desproporcionado de facturas» como suministros. Así, el director del Centro Acorán, en Tafira, llegó a imponer cargos de 20.288,46 euros en combustible solo entre el 26 de mayo y el 31 de diciembre de 2021. Esto supone una media de 3.385 euros al mes.

Al respecto, este empleado indicó que su superior directo lo incitaba a entregarle incluso las facturas de su propio repostaje en las estaciones de servicio. Pero también reparar pinchazos en el taller. “Una vez me dijo que cogiera el coche de empresa, la mayor parte era de alquiler, e incluso le añadí 30 euros de gasolina y le llevé la cuenta porque necesitaba cuadrar las cuentas”, explica.

El hombre asegura haber sufrido «numerosas irregularidades» mientras trabajaba en el centro Tablero-Puerto Rico, que sigue siendo administrado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y donde inicialmente fueron a parar algunos de los mineros de Puerto Bello cuando fue desmantelado el 31 de julio. como una instalación de recepción de emergencia. Todos tenían al director «como principal problema». Por ello, decidió dejar una empresa con problemas “que veía que no se iban a solucionar a corto plazo”.

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Un hermano del director de Puerto Bello cobró 104.000 euros a La Santa

Un hermano del director de los centros de menores inmigrantes de Puerto Bello, Puerto Rico, y Acorán, en Tafira, uno de los cuatro acusados ​​de luchar contra la corrupción en la gestión de estos recursos de acogida en Gran Canaria y Lanzarote por la Respuesta Social Siglo XXI Fundación, facturó más de 104.000 euros en los años 2020 y 2021 en frutos al dispositivo de emergencia ubicado en La Santa, Tinajo (Lanzarote). Todo ello con fondos públicos entregados a la ONG por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.

Entre los gastos que aparecen en los extractos de cuenta y tarjetas bancarias del Dispositivo de Emergencia para Menores Extranjeros No Acompañados (Demena) del Ayuntamiento de Lanzarote, se encuentran un gran número de facturas emitidas por Yeray PR entre 2020 y 2021, mientras fue director de El propio DG Enrique En concreto, en el primer año hubo pagos con tarjeta en la pequeña frutería que este hombre regentaba en Arrecife por valor de 9.355,85 euros, a los que se suman transferencias a su cuenta personal por 42.978,85 euros.

En 2021, cuando ING Bank canceló la cuenta bancaria de los centros de menores gestionados por Respuesta Social Siglo XXI por detectar movimientos económicos injustificados con origen o destino, estas transferencias bancarias ascendieron a 45 837,79 €. Gran parte del importe provino de este banco, pero otra parte -12.705 euros- fue transferida desde otra entidad. A ello se suma también la cantidad de 6.102,52 euros en transferencias desde la cuenta personal de su hermano, el imputado Fernando PR

Los pagos a este empresario se unen a otros en los que Anticorrupción también ha observado presuntas irregularidades, como tratamientos de belleza, combustible «desorbitado», alquileres de vehículos, ropa en Primark o medicamentos no aptos para menores, como viagra, analgésicos o productos para dejar de fumar. Para estas y otras preguntas, el fiscal ve evidencia de agravios de falsificación de registros comerciales, administración desleal y/o malversación de fondos públicos.

Uno de los principales proveedores

Con este volumen de facturación, la frutería, subraya el delegado de la fiscalía anticorrupción en Las Palmas, Javier Ródenas, se ha convertido en uno de los principales proveedores del recurso de emergencia de Lanzarote. Tanto es así que más de un tercio de los gastos del centro fueron para este empresario. Además, el monto de estos pagos aumentó con los años, mientras Enrique DG permaneció a cargo de La Santa.

Según la denuncia, a la que tuvo acceso este diario, se pagaron en promedio hasta tres facturas semanales durante este periodo, una enmarcada bajo el concepto de «limpieza», otra bajo el nombre de «higiene» y la última en «alimentos». . “, lo que despertó las sospechas de la fiscalía, ya que Yeray PR regentaba este pequeño negocio y no se conocía ninguna otra empresa de suministros.

90.000 euros en Lanzafrut

Además de los pagos al hermano del imputado, en las cuentas bancarias vinculadas al centro de La Santa, también se produjeron pagos a la empresa Lanzafrut SL por importe de 90.036,69 euros entre los años 2019 y 2022, coincidiendo con el periodo en la que estuvo al frente del mismo Enrique DG Es un mayorista de frutas y verduras que opera en Lanzarote. El primero de los años solo recibió 2.189,32 euros, cantidad que se multiplicó exponencialmente en 2021, cuando ascendió a 57.389,47 euros. En 2020 como en 2022, la cifra se quedó en 15.200 euros.

A pesar de que Lanzafrut cobra a los distintos centros de menores de la isla, gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, el de La Santa es el que mayor cantidad de dinero ha destinado a la compañía. Seguido del de Yaiza, cuyo director entre abril de 2018 y octubre de 2020 también es objeto de una investigación por parte del juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que pagó 32.054,45 euros a la empresa, y por el otro centro que está situado en el municipio de Tinajo -28.279,46 euros-.

El director de Demena La Santa también pidió a esta empresa que, al pagar las facturas, añadiera una determinada cantidad de dinero al cobro a través del datáfono con el objetivo de que ese diferencial fuera luego devuelto en efectivo y en manos del propio interesado. demandado, el llamado «fondo operativo». Ródenas valora en 17.740 euros la cantidad que Enrique MG se embolsó por esta vía, “con la finalidad específica de impedir la verificación del control del destino final que se da al dinero”.

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“Vapear” en el recreo con 8 años: un colegio señala vacíos legales y pide medidas urgentes al Gobierno

Primero, atraparon a un menor de 8 años que cursaba tercer año de primaria, «vapeando» en el recreo con un aparato de colores llamativos que parecía un juguete. Posteriormente, otro niño de 12 años lo llevaba en su mochila, aunque dijo que no lo usaba. Se dieron cuenta de que la práctica era mucho más común de lo que uno podría imaginar entre los estudiantes. Los dos cigarrillos electrónicos ya están en el cajón del director del centro, que con sorpresa, hablando con otros compañeros de otros colegios sevillanos, comprobó que empezaba a ser normal. Requisar vapeadores en centros educativos no es algo extraordinario. Hay alumnos de primaria que van al colegio con su «vaper» cargando su bocadillo para el recreo.

La alarma fue creciendo paulatinamente hasta que la asociación de madres y padres del colegio público Paulo Orosio de Sevilla lanzó una recogida de firmas para Change.org, que intenta conseguir del Ministerio de Sanidad que acelere todas las medidas a su alcance para evitar que los niños puedan acceder a los cigarrillos electrónicos. Hay un vacío legal y una falta de regulación. Su venta, como han podido comprobar estos padres, se realiza en lotes de barrio, ‘desvíos’, bazares… se pueden comprar tanto chicles como vape. Una visita a algunos establecimientos del barrio permite comprobarlo fácilmente.

Un problema generalizado

El colegio público Paulo Orosio de Sevilla está ubicado en el barrio de Cerro Amate, muy próximo a Los Pajaritos, de donde proceden más de la mitad de los alumnos, catalogado en el último informe del Instituto Nacional de Estadística como el barrio más pobre de España. Es lo que el Departamento de Educación llama un «centro de desempeño desafiante». En la capital Sevilla hay siete colegios con esta etiqueta. A pesar de sus difíciles condiciones, tiene un claustro capaz de todo y una AMPA que es ejemplo para muchas otras escuelas. sevillanos por su capacidad de innovación y su iniciativa. La última, un huerto con invernadero que abrió en enero después de que el Ayuntamiento de Sevilla invirtiera 30.267 euros. El problema no se limita a esta escuela sino que han decidido alzar la voz.

La recogida de firmas que ha realizado esta escuela indica que la normativa vigente fija en 18 años la edad mínima para poder comprar estos inhaladores, contengan o no nicotina. Sin embargo, los mineros admiten que pueden comprarlos fácilmente en una gran variedad de establecimientos. “A diferencia del tabaco, no hay regulaciones sobre qué establecimientos pueden venderlos al público”, advierten los padres. El tipo de cigarrillo electrónico más común entre los menores es el «vape» desechable, que suele tener colores y formas muy atractivos para los niños. Incluso pueden venir en forma de juguetes. Venden sabores similares a los dulces: algodón de azúcar, frutas… Basta con leer la letra pequeña para comprobar que tienen un 2% de nicotina. “Eso quiere decir que si es un aparato de unas 600 caladas, equivaldría a una cajetilla de tabaco de 20 cigarrillos”, advierten desde este centro sevillano. Un paquete que los niños de 8 a 12 años fuman naturalmente.

Los expertos que consultaron a esta asociación de padres, que se hacen eco de artículos publicados, revelaciones científicas y entrevistas a médicos especialistas, evocan las fechorías sobre la salud de los menores. Hiperreactividad bronquial, tos, aumento de infecciones respiratorias, empeoramiento del asma. “Incluso los vapeadores sin nicotina, aunque puedan parecer inofensivos, pueden contener sustancias tóxicas y altamente cancerígenas”, advierten. También crean fumadores potenciales desde una edad temprana. El tabaco se normaliza.

El Ministerio de Salud abrió una consulta pública en su sitio web el 10 de abril de 2023, que cerró el 24 del mismo mes. Este fue un procedimiento preliminar para la elaboración de un nuevo reglamento que modificará el decreto, de junio de 2107, por el que se controlan determinados «aspectos relacionados con la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y productos afines». El Ministerio reconoce e identifica una serie de temas que deben ser abordados con nueva normativa y asume que la normativa actual requiere una actualización urgente. No hay regulaciones, por ejemplo, para dispositivos sin nicotina.

El Gobierno subraya que “los nuevos productos, con o sin nicotina, con o sin tabaco, e incluso con aspectos híbridos difíciles de clasificar, suponen un reto y es necesaria una nueva legislación que proteja a los consumidores de estos nuevos productos no convencionales”. También hay una directiva europea, que se espera para junio y que deberá transponerse en los próximos meses. La exposición de los jóvenes a estos vapeadores es cada vez más frecuente. Fumar se ha normalizado tanto que las advertencias sanitarias sobre el peligro de fumar están perdiendo su eficacia.

alarma para padres

Lo que piden los padres y madres en su recogida de firmas es que se impulse una nueva normativa en la que se regulen los establecimientos que pueden vender cigarrillos electrónicos. “Es fundamental que no se puedan comprar en casi todos los lugares, tales como: tiendas de alimentación, bazares, puestos de dulces, etc.” Piden una prohibición total de los dispositivos, incluidos los vapeadores desechables, «de una apariencia que pueda resultar atractiva». niños y adolescentes: colores vivos, formas de juguetes o personajes infantiles». Piden «que haya un control riguroso de la edad del consumidor que los compra».

Ante una situación nueva para todos, piden también al Gobierno «un protocolo de actuación en los centros educativos para los casos en los que se detecte a alumnos con cigarrillos electrónicos, o incluso en proceso de uso, por el que, entre otras actuaciones, se caso a los servicios sociales comunitarios”. Y advierten que falta mucha información. Muchos padres desconocen la gravedad de lo que esto supone para los niños. Recientemente ha aparecido un vídeo de un menor que recibió varios vapeadores como regalo para su comunión. viralizado, por lo que piden «un plan de prevención e información para familias y estudiantes en el que se difunda y se explique la normativa y los riesgos para la salud de los menores que utilizan cigarrillos electrónicos».

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Abandono de menores | Localizan a un menor de 11 años en situación de abandono en una casa llena de droga

Un menor de once años abandonado ha sido localizado por la Guardia Civil en uno de los centros de producción de marihuana descubiertos durante varias operaciones realizadas en la provincia de Granada, donde fueron investigadas trece personas y se incautaron más de 3.800 plantas de cannabis. . En una de las viviendas registradas en Albolote, los agentes encontraron al niño solo y sin la custodia de sus padres.

Los guardias civiles han localizado a amigos de la familia que lo cuidaban y el padre y la madre, una vez localizados, serán investigados por el delito de abandono de menor, ha informado este lunes el instituto armado.

Los agentes han llevado a cabo seis operativos contra el cultivo ilegal de cannabis y la fabricación de marihuana en los últimos tres días en la provincia, durante los cuales se desmantelaron doce centros de producción y se intervinieron 3.801 plantas y casi medio kilo de marihuana. se vende.

Trece personas fueron procesadas por delitos contra la salud pública por cultivo y fabricación de drogas y por fraude eléctrico, y otras diecisiete por fraude eléctrico.

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Dos menores heridos tras electrocutarse por el cable de catenaria de un tren en Albacete

Dos jóvenes de 13 y 14 años murieron electrocutados y tuvieron que ser trasladados al hospital, uno de ellos en cuidados intensivos, tras tocar el cable de catenaria de un vagón en La Roda (Albacete).

El hecho ocurrió a las 20:38 horas de este miércoles en el apartadero de la estación de La Roda, según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112.

Al parecer, los mineros se subieron al techo de un vagón de tren y se electrocutaron al tocar el cable de la catenaria.

El menor de 14 años fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Albacete mientras que el menor de 13 años fue trasladado al mismo centro en una ambulancia de reanimación.

En el suceso también intervinieron el médico de urgencias y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

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