Esquerra ya ha empezado a preparar el terreno para una posible sustitución de Laura Borràs como presidenta del Parlamento, en caso de que el TSJC la condene por fraccionamiento de contratos. Los republicanos lo ven como una oportunidad para reconstruir puentes con sus antiguos socios de gobierno y reconstruir la mayoría independentista. Por ello, están tanteando el terreno y ya se han producido los primeros contactos con el grupo parlamentario presidido por Albert Batet.
“Contactos hay”, aseguran fuentes republicanas consultadas por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, aunque evitan dar más detalles sobre ellos y optan por ser discretos para no adelantar escenarios. De Junts no niegan de forma exhaustiva que haya vías abiertas de comunicación con los republicanos, pero no quieren dar por sentado que la decisión del tribunal será una condena contra su líder y, por ello, piden que se restablezca la presunción de inocencia. respetado.
Este lunes, la portavoz republicana, Marta Vilalta, situó a Junts como «socio prioritario» en caso de apertura de negociaciones y rechazó un acuerdo con los socialistas que cedía la presidencia de la cámara a los de Salvador Illa. Los republicanos ven con buenos ojos perfiles de carácter moderado dentro de las Junts, como Anna Erra o Marta Madrenas, aunque los allegados a Borràs apoyan a Aurora Madaula, una de las principales voces a favor de romper el pacto con los republicanos en otoño del año pasado . .
sin derechos económicos
Más allá de sustituir a Borràs, algunos grupos de la cámara también han comenzado a proponer una reforma de la ley que deja al presidente suspendido sin indemnización en caso de ser condenado. Con la ley actual en la mano, los expresidentes de la Cámara pueden percibir el 80% de su sueldo -más de 150.000 euros al año- durante al menos cuatro años tras su cese. Lo que se traduciría en más de 120.000 al año para el líder de las Junts hasta 2027.
La sentencia de Laura Borràs, juzgada por división de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, podría llegar el próximo mes, justo antes de las elecciones municipales. La fiscalía lo acusa de prevaricación y falsificación de documentos y le pide hasta 6 años de prisión y 21 años de prohibición.
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