El enfoque de la XXVI Conferencia de Presidentes cambió drásticamente después del estallido de la guerra en Ucrania. La invasión rusa obligó al Gobierno a cancelarlo en la fecha prevista, el 25 de febrero, y trasladarlo este domingo 13 de marzo, en el mismo escenario, a la isla de La Palma. El ejecutivo busca ahora fortalecer los mecanismos de cooperación con las comunidades en cuatro áreas: ayuda humanitaria, acogida y protección de refugiados, ciberseguridad y medidas de impacto socioeconómico, además de la expresión explícita de condena a la agresión de Moscú y el apoyo inequívoco a Kiev. Entre las medidas propuestas, el Gabinete de Pedro Sánchez plantea la reducción de los costes energéticos, la aceleración de la transición verde y la concienciación sobre el ahorro energético, de acuerdo con lo propuesto por la Comisión Europea. Pero también aboga por la creación de una reserva nacional de activos estratégicos o una respuesta coordinada y de calidad a los ciberataques.
El Ministerio de Política Territorial, que encabeza Isabel Rodríguez, envió a las comunidades un proyecto de acuerdo que se someterá a debate y aprobación el domingo, un documento de ocho páginas que expresa el deseo de «unidad» reiterado por Sánchez contra Vladimir Putin. El Gobierno argumenta que el mejor mecanismo para responder a una crisis de enorme trascendencia es la acción «compartida» de todas las administraciones públicas. El «cogobierno y la voluntad y el trabajo conjunto» que ha permitido «gestionar eficazmente la pandemia» y realizar «una campaña de vacunación modelo en el mundo» es, a juicio del Ejecutivo, la mejor fórmula de este tiempo también En definitiva, la necesidad de “redoblar la colaboración intergubernamental” en beneficio de los ciudadanos y víctimas del conflicto armado.
Se prestará «especial atención» a los consumidores más vulnerables y electrointensivos y se acelerará la transición energética
Sánchez ha repetido, en todas sus últimas comparecencias, que la guerra en Europa del Este inevitablemente tendrá costes, por eso el documento, al que ha tenido acceso este diario (y adelantado por ‘El Mundo’), señala que todas las administraciones “trabajarán para proteger a los ciudadanos”, y en particular a los más vulnerables, del daño económico que ocasionará el conflicto.
Cuando se trata de métricas, el proyecto no va tan lejos como los detalles, pero proporciona una guía clave. Así, refleja la voluntad de empresarios y sindicatos de lograr este pacto de renta para evitar una «espiral inflacionaria», y para ello Sánchez ya se reunió el pasado lunes con los agentes sociales. Pero, sin duda, lo que está de moda ahora mismo es la energía, debido a la dependencia del gas y el petróleo rusos en gran parte de Europa (pero no en España). El ejecutivo, especifica el texto, «aprobará medidas encaminadas a reducir los costes energéticos», con «especial atención» a los colectivos vulnerables y consumidores «electrointensivos e industriales». Las comunidades y municipios también deben «garantizar» medidas que mitiguen «el impacto de la subida de los precios de la energía» en los más vulnerables.
En línea con Borrell
El Gobierno respalda la tesis defendida ayer miércoles por el alto representante de la UE, Josep Borrell: que todos los ciudadanos pongan de su parte y reduzcan su consumo para reducir la factura de importación de hidrocarburos en Rusia y también para hacer frente a la crisis climática. El texto lo dice así: todas las administraciones públicas “se comprometen a acelerar la transición energética de nuestro país y a concienciar a todos los ciudadanos y sectores productivos de la importancia del ahorro energético, a través de medidas como el fomento de un uso más racional de los recursos vehiculares o la moderación en la uso de la energía dedicada a la climatización”. También se intensificarán los planes y medidas encaminados a la rehabilitación y reducción del consumo energético en edificios e infraestructuras públicas.
Para las empresas afectadas por las sanciones contra Rusia, se pondrá en marcha «un plan de ayuda al arbitraje internacional»
Y si el Gobierno promete «acelerar el despliegue» de las energías renovables, el grupo de administraciones deberá racionalizar «la gestión de los fondos europeos» en materia de ayudas al autoconsumo, rehabilitación energética y movilidad eléctrica.
El texto se refiere específicamente a las empresas perjudicadas por las sanciones contra Rusia: recibirán «información y asesoramiento» y, a la espera de que la Unión Europea discuta «medidas de compensación» para ellas, el Gobierno «pondrá en marcha un plan de asistencia en arbitrajes internacionales». derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Inversión en tecnologías críticas
El proyecto también incide, como ya ha argumentado Sánchez en el Congreso, en potenciar la promoción turística en otros mercados emisores (para compensar la falta de viajeros rusos). Y eso incluye un tema en el que el presidente siempre insiste, dentro y fuera de España: la necesidad de aumentar la autonomía estratégica. ¿Cómo? ‘O’ ¿Qué? Por un lado, se acelerarán las inversiones en «tecnologías críticas como semiconductores, almacenamiento, minerales esenciales, baterías, 5G, Inteligencia Artificial, centros de datos y los principios activos de medicamentos esenciales».
Tal y como establece la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, se fomentará la creación de una reserva de bienes estratégicos para asegurar el suministro desde España
Y por otra parte, y de acuerdo con lo dispuesto en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en diciembre de 2021, “se promoverá la creación de una reserva de bienes considerados estratégicos para preservar los derechos y libertades, el bienestar de los ciudadanos, la ‘prestación de servicios esenciales y recursos esenciales y estratégicos’. Durante la pandemia, el ejecutivo también impulsó una reserva de insumos médicos, para que no se repita el desabastecimiento que se presentó con la primera ola del virus.
Un tema de gran preocupación para el gobierno es la posibilidad de ciberataques rusos. Por ello, pide reforzar la cooperación entre todas las administraciones para “mejorar el funcionamiento de los servicios tecnológicos y garantizar la calidad de la respuesta a los ciberataques” que puedan recibir organismos públicos, empresas y ciudadanos. Para ello, habrá un intercambio de información «fluido y automático» entre el Ejecutivo central y las comunidades que permitirá «el ajuste de las medidas defensivas». El gobierno y las comunidades también implementarán medidas de ciberseguridad «mínimas» y «obligatorias» y establecerán una «vigilancia cibernética permanente».
«Evitar duplicados»
En cuanto a la cooperación humanitaria, el proyecto se basa en la coordinación entre el Ejecutivo central y las Comunidades Autónomas para “mitigar los efectos” de la guerra y para aumentar las aportaciones al fondo de contingencia. Así, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y las entidades regionales compartirán información y «colaborarán entre sí para evitar duplicidades» y «mejorar resultados». El Gobierno, ayuntamientos y alcaldías también coordinarán «cuántas acciones se deben realizar para garantizar la acogida, protección y bienestar» de las personas refugiadas que huyen del conflicto.
Se creará un grupo de colaboración entre el Gobierno, las autonomías y los ayuntamientos, impulsado por Escrivá, para pilotar la aplicación del plan de acogida de ucranianos
El gabinete de Sánchez, cita el documento, ya está impulsando un plan de acogida y alojamiento para ucranianos desplazados e «integra todos los aportes» de comunidades y municipios. El plan “articulará y ordenará” los esfuerzos realizados por las distintas entidades e incluirá “el desarrollo de centros específicos de acogida y acogida”. Ya están previstas en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana y «podrían extenderse» a otras regiones. En estas instalaciones, a los ucranianos que hayan huido se les otorgará, “con un plazo máximo de concesión de 24 horas, permisos de residencia y trabajo en España por un año prorrogable, se les informará de los derechos de quienes los necesiten y se les derivará a la red de acogida, que deberá tener la capacidad adaptativa necesaria para atender las necesidades requeridas”. El acuerdo incluye el incremento de los recursos necesarios para absorber el flujo de personas desplazadas, para el que no se dispone de una previsión precisa.
Además, se pondrá en marcha un grupo de colaboración intergubernamental entre el Gobierno central, las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), impulsado por el Ministerio de Inclusión que dirige José Luis Escrivá. Este grupo “será responsable de coordinar la implementación del plan de acogida a nivel operativo, de monitorearlo”, de canalizar el flujo de información y de articular los “mecanismos de apoyo y respuesta”.
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