El legislador Gabriel Chumpitaz presentó un proyecto de ley en el Congreso para que los funcionarios de los tres poderes del Estado sean sometidos a controles toxicológicos de manera periódica y aleatoria. La medida busca garantizar la transparencia en la gestión pública.
Quiénes estarían alcanzados por la medida
La iniciativa establece que los exámenes serán obligatorios para funcionarios del Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia, además de incluir a directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas estatales. También podrán sumarse provincias y municipios que adhieran a la legislación.
Por otro lado, el proyecto excluye a los empleados públicos de esta obligación.
Cómo se implementaría el narcotest
Según lo estipulado en la propuesta de Chumpitaz, los funcionarios serán sometidos a un primer examen al asumir sus cargos y, posteriormente, a pruebas anuales y controles aleatorios cada tres meses sobre una muestra representativa.
Las sustancias que se buscarán detectar incluyen cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas, siempre que no sean medicamentos prescriptos por un profesional de la salud.
Los análisis estarán a cargo de laboratorios certificados y se realizarán bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. Solo en caso de resultado positivo la información podrá ser divulgada.
Sanciones en caso de resultado positivo
Si un funcionario obtiene un resultado positivo en el test, tendrá la posibilidad de solicitar una contraprueba dentro de las 48 horas siguientes.
Si esta ratifica el consumo de drogas, la persona será suspendida sin goce de sueldo hasta que se resuelva su situación.
Las sanciones dependerán del ámbito de pertenencia:
- Poder Ejecutivo: Una junta médica y la Oficina Anticorrupción elaborarán un informe para el Presidente, quien decidirá el futuro del funcionario.
- Congreso: La Comisión de Asuntos Constitucionales podrá recomendar su destitución y, si la mayoría simple la aprueba, se iniciará el proceso de juicio político o remoción.
- Poder Judicial: El Consejo de la Magistratura será el órgano encargado de aplicar sanciones o llevar adelante un proceso de remoción.
Si el funcionario diera positivo en más de una ocasión, la remoción sería automática según lo estipulan las normativas vigentes.
Argumentos del proyecto
Chumpitaz sostiene que la medida busca reforzar la confianza en las instituciones y garantizar la idoneidad de quienes ocupan cargos de responsabilidad.
Destaca su urgencia en Santa Fe, donde el narcotráfico ha avanzado de manera alarmante en los últimos años.
«En ciudades como Rosario, la violencia ligada al narcotráfico hace imprescindible implementar estos controles. No es solo una medida preventiva, sino un compromiso con la transparencia y la seguridad», enfatizó el diputado.
San Luis, pionera en los narcotests
Mientras el Congreso evalúa esta iniciativa, San Luis ya implementó su propio sistema de controles toxicológicos.
En noviembre, el gobernador Claudio Poggi fue el primero en someterse a la prueba bajo la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, impulsada por el Ministerio de Seguridad provincial.
A partir de marzo, un sorteo mensual determinará qué funcionarios deberán realizarse el test. Poggi afirmó que la medida fortalece la lucha contra el narcotráfico, ya que «quienes consumen drogas no pueden llevar adelante una política de seguridad coherente».
