El fenómeno de las «viudas negras» sigue en aumento, con nuevos casos que salen a la luz y generan alarma.
Uno de ellos es el de Micaela Alejandra Garrido, cabo de la Policía Federal Argentina, está tras las rejas. Se la acusa de haber drogado y desvalijado a un hombre en Villa La Ñata, partido de Tigre.
La investigación fue llevada adelante por el fiscal Cosme Iribarren, quien también participó en la causa por la muerte de Diego Maradona.
Un encuentro que terminó en robo
El hecho ocurrió el 14 de diciembre en un bar de Plaza Serrano, Palermo. Según la denuncia, Garrido conoció allí a su víctima y, tras compartir tragos, lo convenció de ir a su casa en Villa La Ñata.
A la mañana siguiente, el hombre despertó aturdido, con su hogar revuelto y sin su auto ni varios objetos de valor. De inmediato, acudió a la Policía Bonaerense para denunciar lo sucedido.
Investigación y captura
El fiscal Iribarren encomendó la investigación a la Sub DDI de Tigre. Cuatro días después, encontraron el vehículo abandonado.
Las pistas llevaron a los detectives hasta Garrido, una mujer de 29 años con domicilio en Ciudad Oculta y fue llevada a la comisaría de la terminal de Retiro.
Su condición de policía federal no la eximió de la justicia: en un operativo conjunto entre la PFA y la Policía Bonaerense, fue arrestada a finales de enero.
Situación actual de la acusada
Actualmente, Garrido sigue detenida en la Unidad N°59 de Merlo. La Policía Federal la puso en situación pasiva. Según registros oficiales, al menos hasta el mes pasado continuó recibiendo aportes.
El auge de las «viudas negras» y un vacío legal
El caso de Garrido se inscribe en una preocupante tendencia: el incremento de delitos cometidos por mujeres que drogan y roban a hombres mayores.
A mediados de febrero, otro caso conmocionó Palermo, cuando una joven de 20 años fue detenida por despojar a un hombre de importantes sumas de dinero y objetos de lujo.
Situaciones similares han ocurrido en el Área Metropolitana de Buenos Aires, incluso con víctimas fatales.
A pesar de la gravedad de estos hechos, el Código Penal argentino solo permite imputar «robo simple», con una pena máxima de diez años.
La falta de una tipificación específica para estos crímenes genera un debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones ante delitos que, en algunos casos, han terminado en muerte.
