El Gobierno nacional descartó recurrir a financiamiento extranjero para construir la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y prepara una explicación oficial sobre el origen de los recursos.
El presidente Javier Milei le encargó al ministro de Defensa, el teniente Carlos Presti, que detalle esta semana cómo se afrontará una obra cuyo costo estimado ronda los USD 300 millones.
La definición se conoce después de que se aceleraran las conversaciones con la administración de Donald Trump por el proyecto.
Según la posición que transmiten funcionarios de la Casa Rosada, Estados Unidos puede colaborar en cuestiones vinculadas con una base naval, pero no aportará fondos para su construcción.
Una primera partida ya figura en el DNU
El proyecto había sido anunciado durante la gestión de Alberto Fernández en 2022. Milei volvió a comprometerse con su ejecución durante la cadena nacional del jueves, en la que también presentó una reforma para establecer sanciones contra compañías o Estados que realicen actividades ilegales en la zona de las Islas Malvinas.
El DNU 867/26, publicado el viernes en el Boletín Oficial, incluyó una primera asignación vinculada con la obra.
Dentro del refuerzo de partidas para Defensa aparecen $114.732 millones en adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo, destinados mayoritariamente a los trabajos de la base fueguina.
Ese monto representa una señal concreta de que el Gobierno pretende comenzar el proyecto con recursos propios, aunque todavía se encuentra muy lejos del costo total calculado. En sectores del oficialismo se mencionan cifras de USD 400 millones o USD 500 millones, superiores a la estimación inicial.
El modelo que observan y las dudas sobre el costo total
En el oficialismo toman como referencia la base de Punta Arenas, en Chile, por los servicios que presta y que la Argentina busca desarrollar con una instalación de mayor alcance.
La comparación, sin embargo, vuelve a poner el foco en la dificultad de financiar una obra de esa magnitud mientras la administración sostiene el objetivo del déficit cero.
La postura oficial es que el resto de los trabajos se solventará “sin dudas con fondos propios”. También se descartó que el dinero llegue de otros Estados, una alternativa que podría alimentar cuestionamientos sobre el control y el destino de la base.
Las sospechas sobre una eventual instalación de características estadounidenses aparecieron apenas Milei anunció el proyecto. Dirigentes del kirchnerismo y de la izquierda plantearon que el futuro emplazamiento podría terminar bajo influencia norteamericana.
En el Gobierno relativizan esas críticas y responden que la colaboración internacional no implicará erogaciones para la obra.
El refuerzo para la SIDE también quedó bajo discusión
El anuncio sobre Malvinas incluyó además un aumento presupuestario para la Secretaría de Inteligencia del Estado. El organismo, conducido por Cristian Augadra bajo la órbita de Santiago Caputo, no difundirá detalles porque se trata de fondos reservados.
La información debería ser presentada, en todo caso, ante la Comisión Bicameral del Congreso, encabezada por el libertario Sebastián Pareja.
En Balcarce 50 justificaron que esos recursos estén vinculados con la cuestión Malvinas porque consideran que la base y el consejo de seguridad forman parte del refuerzo de la protección nacional.
Mientras Presti prepara la explicación sobre el financiamiento de la obra, el Gobierno espera que el debate avance sin quedar asociado a aportes extranjeros.
