El camino hacia la absolución de todos los acusados en el caso Cursach continúa despejándose. Los cargos particulares, único soporte del juicio tras la liquidación total de la acusación, también han decidido rebajar sus cargos. Este movimiento de empresarios querellantes redujo la lista de imputados a cinco: el propio Cursach, su mano derecha, Bartolomé Sbert, dos policías locales de Palma y un alto cargo del Ayuntamiento de Calvià. El macro proceso de corrupción queda así reducido a casi nada. Pour aggraver les choses, deux inspecteurs de la police nationale ont passé quatre heures au procès à lancer de sévères accusations contre les enquêteurs – le juge Penalva, le procureur Subirán et les agents du groupe de blanchiment – de manipulation de preuves et de témoins contre les acusados. En la investigación, dijeron, «se recompusieron las piezas», con un «uso tortuoso de la ley» y «abuso de proceso». “Parecía que el final estaba predeterminado”, concluyeron.
Tras la deserción de la fiscalía, que anunció el viernes que retiraría todos los cargos contra todos los acusados porque no apreciaba prueba alguna de delito alguno, la causa siguió desinflada con nuevas renuncias a los cargos individuales. El abogado del empresario, Ángel Ávila, ha retirado los cargos contra Cursach y siete policías, y solo pide 9,5 años de condena para Sbert. El abogado de otro empresario palmesano siguió el mismo camino y redujo su imputación a tan solo dos policías, a los que reclama 6,5 y 9,5 años respectivamente. La abogada Teresa Bueyes, que actúa en representación de un empresario de Magaluf, no compareció y no ha cambiado de postura hasta el momento: más de 39 años de prisión para Cursach y Sbert y 13 años de inhabilitación para un funcionario del Ayuntamiento de Calviá.
Así, ha crecido la lista de imputados ya absueltos de facto. La renuncia del Ministerio Público el pasado viernes exoneró a siete policías y otros cinco -Feliciano Franco, Gabriel Torres, Bartolomé Capó, Felipe Florit y Rafael Amengual-, todos de la Patrulla Verde, quedaron en libertad. Los abogados siguieron dando sus testigos, ahora inútiles porque no tienen nada para defenderse. De los 24 sospechosos que se sentaron en el banquillo el primer día del juicio, solo hay cinco cargos pendientes.
La fiscalía retira todos los cargos del caso Cursach
Con este panorama, el juicio del caso Cursach se ha convertido ya en el precalentamiento del que sentará en la sede del Tribunal Superior de Justicia al exjuez Manuel Penalva, al exfiscal Miguel Ángel Subirán y a cuatro agentes del grupo Blanqueamiento de la Policía Nacional. Justicia por haber cometido delitos durante la investigación. Sus supuestos excesos en las investigaciones ocuparon toda la sesión de la audiencia.
El tribunal escuchó durante cuatro horas a los dos inspectores de la Policía Nacional que investigaban estas supuestas irregularidades. Sus investigaciones son uno de los pilares de la causa abierta en el TSJB, para la que han elaborado ocho informes, y ambos han acusado duramente a los investigadores del caso Cursach. En su comparecencia explicaron que entraron en la investigación a raíz de una denuncia de la señora, la testigo que aseguraba haber regentado un burdel frecuentado por policías y políticos invitados por Cursach, contra dos comandantes de la policía nacional por amenazar con retirarse. sus cargos «Resultó estar mal», afirmaron. “Luego entró otra denuncia por las filtraciones y se incautaron algunos celulares”, dijeron en referencia al decomiso de los teléfonos de dos lavadores de dinero en los que se encontraron cientos de mensajes de grupos de Whatsapp “casuales” en los que Peñalva, van a subir y la policía comentó sobre las investigaciones.
Estos mensajes y sus pesquisas les llevaron a concluir que la investigación del caso Cursach estuvo plagada de irregularidades. Buena parte de sus acusaciones se relacionan con el papel que jugaron testigos como Madame durante la investigación. Por un lado, explicaron que «casi todos los testigos» ingresaron al caso por intereses personales y que fueron utilizados como «misiles a control remoto» contra los investigados. Hicieron especial referencia a la propia señora, «El Ico» y al exempleado de la discoteca Tito’s quien dijo haber visto allanamientos de drogas y orgías para la policía en el establecimiento.
Inspectores de la Policía Nacional dijeron que los mensajes de WhatsApp revelan que los agentes de Penalva, Subirán y Blanqueo repasaron con ellos qué denunciar y a quién imputar. “Le dijeron el nombre de quién iba a meterse en un enfrentamiento y lo que tenía que decir”, dijeron sobre “El Ico”. Señalaron, además, que las acusaciones vertidas por estos testigos fueron aceptadas como verdaderas sin comprobación: “Se usó la declaración de una persona con intereses dudosos para inferir a alguien. No se investigó, y lo poco que se investigó, ningún interés, no se investigó”. traído. Las monedas estaban provistas de un martillo», condenaron.
Sobre las agresiones denunciadas por varios de estos testigos, que resultaron en condenas avaladas por el Tribunal Supremo, afirmaron que eran «falsas» y que servían para justificar la continuación de la prisión preventiva de los imputados. A modo de ejemplo, dijeron que las lesiones que la señora atribuyó a una golpiza en realidad eran resultado de un accidente doméstico.
«Clima de Terror»
También señalaron que algunos de los empresarios que figuraban como cargos particulares, como Ángel Ávila o José Manuel Bover, utilizaron esta investigación para una suerte de ajuste de cuentas con el grupo Cursach tras años de enfrentamientos. Dijeron que trajeron testigos al caso y llegaron a un acuerdo con los investigadores sobre sus apariciones en programas de televisión para discutir el caso. Además, aseguraron que gozaban de un gran poder de acción: “Habían intimidado a todos. Una denuncia de ellos e irías a la cárcel”, dijeron.
«La tesis que defendemos es que la detención y la prisión se utilizaron sistemáticamente para suavizar. Había un clima de terror. Hay gente que ha vivido un auténtico calvario», concluye uno de los policías.
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