El pasado lunes, el PP comenzó a reunirse con distintas organizaciones para preparar su alternativa a la «ley trans» del Gobierno de coalición. La idea de los conservadores es armar un proyecto de ley en las próximas semanas con sectores de la comunidad médica y educativa, y colectivos feministas y transgénero. En Génova decidieron que esta ley seguiría formando parte de su agenda política, como demostró la última intervención de Alberto Núñez Feijóo en el Senado. La próxima semana continuarán estas reuniones de trabajo.
Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, la ley que va a impulsar el PP pretende hacer «muchos ajustes» a la norma ya aprobada por el Ministerio de Igualdad, subrayando las principales reivindicaciones del feminismo clásico (preocupado por las consecuencias que tendrá para las mujeres y la lucha por la igualdad), la protección de los menores (poniendo más filtros a la reasignación de género en el registro, que es la principal novedad de la norma) y revertir lo que el PP ve como «ataques» a la libertad de expresión.
Los conservadores inciden en este último aspecto porque la nueva ley impulsada por Irene Montero y que provocó ampollas en parte del PSOE, incluye un importante paquete de sanciones administrativas en su Título IV. Los delitos menores se refieren al uso de expresiones vejatorias que no constituyen delitos de odio; las graves, a la no supresión de estas expresiones en sitios web o redes sociales y, por último, las muy graves están dirigidas a quienes cometan «acoso discriminatorio, cuando no constituya delito, por razón de orientación sexual o identidad, expresión o características de género.” Estas últimas infracciones pueden ser sancionadas con multa de hasta 150.000 euros.
El PP considera un «disparate» el apartado de las sanciones que debe revisarse teniendo en cuenta, además, que se trata de una ley administrativa y, por tanto, sería instruida por una autoridad de esta naturaleza y no por un juez en vía penal. actas. En el sentido popular, recuerdan un enfrentamiento en las redes sociales entre la activista transgénero Carla Antonelli, (que fue diputada en la Asamblea de Madrid por el PSOE y ahora ha fichado por Más Madrid, según desveló este diario) y Carmen Calvo el pasado mes de enero.
Antonelli, que apoyó y participó en la Ley de Montero, criticó hace unas semanas a la exvicepresidenta del Gobierno por sus críticas a la ‘ley trans’, acusándola de ‘rezumar odio y transfobia’, e insistió en que estos comportamientos «verbales y gestuales » debería resultar en «tiempo en la cárcel».
Precisamente, el futuro proyecto de ley de los populares (el portavoz electoral de Génova, Borja Sémper, afirmó que si Feijóo llega a Moncloa impulsará esta nueva norma durante sus primeros 100 días de gobierno) pretende zanjar algunas de las cuestiones que se han planteado más criticado en el feminismo clásico.
El propio líder conservador lanzó varias preguntas a Pedro Sánchez en el Senado, desvelándolas: «¿Está realmente de acuerdo con cómo afectará su ley a los criterios de paridad, la reserva de plazas para las mujeres, los procedimientos en caso de violencia, el machismo, ¿El deporte femenino o las consecuencias que tiene en los espacios privados?”, preguntó la líder gallega, englobando algunos de los temas que más preocupan a los sectores feministas y que formaban parte, para algunos de ellos, de las enmiendas presentadas por el PSOE durante la redacción de la ley.
menores
Otro de los puntos clave de la propuesta conservadora se refiere a una mayor protección a los menores. Por un lado, propondrán más obstáculos para que se produzca el cambio de estado civil. La nueva ley elimina las evaluaciones hormonales y psicológicas obligatorias como condiciones para solicitar la reasignación de género, las cuales solo pueden autorizarse con la voluntad del solicitante si es mayor de 16 años. Para los menores de entre 16 y 14 años será necesario que vayan acompañados de sus padres o tutores legales, y los de entre 12 y 14 años necesitarán una autorización judicial.
El PP considera que no se puede descartar el criterio médico y que hay que recuperar ciertos filtros, además de mayores periodos de reflexión hasta que los demandantes finalicen su decisión. Según explican los líderes populares implicados en la futura ley, algunos sectores médicos y educativos les manifiestan su preocupación por los «diagnósticos precipitados o erróneos de otras patologías» que llevan a «conclusiones erróneas» como la reasignación de sexo precipitada.
El plan de Feijoo
Tal y como publica este periódico, el PP está decidido a llevar a cabo las batallas sociales y feministas que hasta ahora parecían ser herencia de la izquierda. De hecho, cuando Sémper anunció el pasado lunes que si gobernaba Feijóo haría su propia “ley trans”, Vox no tardó en lanzar un ataque: “El PP ya no quiere derogar la ley trans, solo reformarla. Agradecemos que lo digan antes de las elecciones para que nadie se equivoque: quieren gestionar la mierda legislativa de la izquierda.
La lucha de la derecha está servida y Vox incidirá en ella para intentar mantener su espacio electoral. En Génova ven las cosas de otra manera tras haber detectado «un nicho de votantes de centroizquierda» que no quieren votar por el PSOE y que podrían optar por Feijóo tras el vaivén de determinadas posiciones sociales como la aceptación de la ley sobre el los retrasos en el aborto, la insistencia en corregir cuanto antes la ley del “sólo sí, es sí” y, ahora, abrirse a una “ley trans” aguada.
Aunque no es un tema prioritario, en Génova todavía no descartan del todo el recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno. Son conscientes de que la nueva sensibilidad mayoritaria dentro del TC complica el éxito de sus recursos y subrayan su compromiso de derogarlo y promover uno nuevo.
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