El gobernador Leandro Zdero confirmó que avanzará con un pedido formal para suspender la escrituración del Lote 88, ubicado en Miraflores, al advertir que el proceso, tal como está planteado actualmente, podría derivar en consecuencias negativas para la comunidad local.
La medida será presentada mediante la Fiscalía de Estado, tras un trabajo coordinado con el ministro de Gobierno Julio Ferro.
Un conflicto que involucra a la comunidad
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la decisión surge luego de distintas reuniones y gestiones realizadas junto al intendente Rafael Frías y vecinos de la zona.
El objetivo, según indicaron, es destrabar una situación compleja sin afectar a los habitantes.
En ese marco, Zdero remarcó la necesidad de llevar tranquilidad a la población y aseguró que el Gobierno está enfocado en encontrar una salida que evite mayores conflictos.
Por eso, insistió en que avanzar con la escrituración en este contexto podría generar un daño difícil de revertir.
Críticas al acuerdo de la gestión anterior
El mandatario provincial también puso en duda el convenio firmado durante la administración del exgobernador Jorge Capitanich.
Según señaló, ese acuerdo no tuvo en cuenta lo establecido por la Ley 3877/93, que define los límites del ejido municipal de Miraflores.
Además, cuestionó que en ese proceso no se haya dado intervención al municipio, al Concejo Municipal ni a la Legislatura provincial, organismos que, consideró, deberían haber participado en una decisión de este tipo.
La disputa por las competencias
Otro de los puntos que planteó Zdero es que continuar con la escrituración implicaría que el Poder Ejecutivo avance sobre atribuciones que corresponden exclusivamente a la Legislatura.
En ese sentido, recordó que cualquier modificación del ejido municipal debe ser tratada por el Poder Legislativo, tal como lo establece la Constitución Provincial.
También sostuvo que ningún acuerdo puede estar por encima de la ley ni de la Constitución, ni vulnerar la autonomía de los municipios en la administración de su territorio.
Alternativas en análisis
Mientras se define el pedido de suspensión, el Gobierno provincial mantiene abiertas las instancias de diálogo con todos los sectores involucrados.
En paralelo, el Instituto de Tierras Fiscales trabaja en posibles soluciones que permitan resolver el conflicto.
Entre las opciones que se evalúan figura la posibilidad de ofrecer otras tierras con características similares, siempre dentro de lo que establece la normativa vigente.
Buscan garantizar derechos y seguridad jurídica
Por último, el gobernador insistió en la importancia de detener los plazos actuales para poder avanzar hacia una solución integral.
El planteo apunta a resguardar la seguridad jurídica y proteger los derechos tanto de los pobladores criollos como de las comunidades originarias que habitan en la zona.
