Nueva ofensiva contra la evasión fiscal. La Agencia Tributaria ha puesto en marcha más de un centenar de controles de inspección a 77 empresas y 40 personas físicas vinculadas al sector de las franquicias de mensajería y paquetería. Más de 270 funcionarios comparecieron este miércoles en un total de 76 locales de este sector repartidos en 14 comunidades autónomas.
Las inspecciones, que tendrán lugar en los próximos meses a partir de esta primera recogida de pruebas, analizarán casos de actividad no declarada, pagos “B” a trabajadores de franquicias y uso de software de ofuscación de ventas para defraudar (software ‘dual-use’ ‘ que ya se ha detectado en algunas de las personificaciones realizadas ayer y en otras actividades económicas).
La operación, denominada ‘Columba’, consiste en el inicio de inspecciones a sociedades y personas vinculadas (socios, directivos y personas del entorno familiar), mediante la comparecencia de funcionarios del área de inspección de la Agencia en unos locales ubicados en Andalucía (6), Aragón (3), Asturias (1), Canarias (3), Cantabria (3), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (5), Cataluña (11), Extremadura (1), Galicia (10), Madrid (9), Murcia (3) La Rioja (2) y Comunidad Valenciana (18).
‘Columba’ estuvo coordinado por el Departamento de Inspección Financiera y Fiscal de la Agencia Tributaria, con la participación de más de 260 funcionarios del Área de Inspección, entre ellos personal de las Unidades de Control Informático (UIU), así como policías de apoyo y 14 funcionarios del servicio de vigilancia aduanera de la administración tributaria.
Las inspecciones que comenzaron este miércoles, y que se desarrollarán en los próximos meses, tienen su origen en denuncias anteriores, relacionadas con el sector de la mensajería y paquetería, que ponen en conocimiento de la Agencia Tributaria diversas hipótesis de ocultamiento de actividad económica y pagos. B» a los trabajadores, vinculados a la facturación en efectivo y al uso de «software» para encubrir ventas, o «doble uso». De hecho, la existencia y uso de estos programas por parte de algunas de las empresas controladas ya ha sido corroborada en comparecencias realizadas ayer. , según fuentes de Hacienda.
«Software» de doble propósito
Las líneas generales del plan de control fiscal de la Agencia para 2022 se refieren, entre otros objetivos, a la lucha contra el software de «doble uso», junto con el desarrollo de la normativa que regula los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación para garantizar la integridad, conservación , accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los ficheros de facturación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
Gracias a las comparecencias realizadas el miércoles en las instalaciones seleccionadas, la Agencia pudo acceder directamente a la documentación ya la información real contable o auxiliar existente, incluidos los sistemas informáticos de tratamiento de la información. Se trata de constatar y cuantificar el volumen de actividad no declarado por las empresas y, en su caso, constatar la posible existencia de programas informáticos de ocultación de ventas y facturación irregular.
Socios y familia
Las acciones también están dirigidas a personas del entorno social y familiar de las sociedades controladas que presenten signos externos de riqueza que no se correspondan con los ingresos que han declarado.
Según el informe anual del sector postal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, más del 60% de los 2.177 operadores inscritos en el Registro Postal operan en régimen de franquicia o vínculos similares. Este tipo de empresa de mensajería franquiciada es a la que se dirige la operación “Columba”, en un momento de fuerte crecimiento del sector de la mensajería y paquetería por el auge del comercio electrónico en el mercado español.
Con la operación “Columba” ya son 21 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la Agencia en la última década, que se han saldado hasta la fecha con el pago de más de 370 millones de euros a 1.825 contribuyentes. Este tipo de actuaciones, además de facilitar la detección y regularización de la evasión fiscal, permite enviar un mensaje disuasorio a los colectivos implicados en estas prácticas, que repercuten en las arcas públicas y distorsionan gravemente la competencia en el sector afectado. .
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