Un total de 130 víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña serán indemnizadas con 7.228.798,78 euros, según datos del Ministerio del Interior a los que tuvo acceso Efe cuando han pasado cinco años desde estos actos terroristas.
Hasta 355 víctimas están incluidas en la lista de hechos probados de la sentencia del caso, ratificada por la Audiencia Nacional en sus aspectos fundamentales el pasado mes de julio, aunque solo 216 han solicitado algún tipo de ayuda o compensación desde dentro.
De estas 216 personas, 130 obtendrán finalmente una indemnización por los daños físicos o psíquicos causados por los hechos de este 17A.
De los casos de las 86 víctimas restantes que solicitaron algún tipo de compensación, 84 fueron rechazados por diversas razones y dos se encuentran actualmente en espera de resolución.
El resto de las víctimas reflejadas en la sentencia, 139, no presentaron en tiempo una solicitud de indemnización por motivos que se desconocen.
La gran mayoría de los afectados son personas que aparecen en los hechos probados del atentado de Las Ramblas de Barcelona, y casi todos aparecen como víctimas de trastorno de estrés postraumático (66) o heridas leves y secuelas (73).
El pasado mes de julio, la Audiencia Nacional refrendaba los aspectos fundamentales de la sentencia que condenaba a tres imputados por los atentados yihadistas del 17A, aunque rebajaba las penas de dos de ellos en 10 años, a 43 y 36 años de prisión, por una cuestión técnico-jurídica .
La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, encargada de conocer de los recursos contra la primera condena, se negó a responsabilizar a los tres únicos imputados por los 16 asesinatos cometidos por el resto de miembros de la célula terrorista -todos asesinados- en Las Ramblas de Barcelona y en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona).
Las asociaciones de víctimas querían que la condena como coautores de los crímenes fuera dirigida contra los procesados Driss Oukabir y Mohamed Houli, a lo que los magistrados se negaron.
Las asociaciones de víctimas se mostraron descontentas con la decisión, aunque la AVT y la asociación de afectados por el terrorismo del 11-M decidieron no recurrir ante el Tribunal Supremo.
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