La fiscalía anticorrupción y varios jueces de la Audiencia Nacional y otros tribunales españoles deben estudiar ahora el impacto de la reforma de malversación impulsada por el PSOE y ERC en casos que aún son objeto de investigación, a pesar de que la fecha de comisión de los distintos delitos es anterior a la reforma de 2015, que también introdujo cambios en los delitos relacionados con la corrupción.
La Fiscalía intentará frenar el impacto de la reforma del desfalco
El Ministerio Público considera que las nuevas modalidades de malversación no deberían afectar a estos supuestos, aunque reconoce que es diferente para los hechos posteriores a esta fecha que puedan ser considerados como administración desleal, conducta por la que se reduce la pena tras la entrada en vigor de este jueves de la última reforma penal. Algunos de estos casos son:
caso púnico
El delito menor de malversación es el eje vertebrador de esta macro causa, que incorpora hasta 12 piezas separadas que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 6. El titular de este órgano, Manuel García-Castellón, considera que la reforma legislativa aprobada en la finales del año pasado podría descafeinar el caso en su conjunto y, más gravemente, en una de las partes principales: la vinculada a la llamada «caja b» del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, según Europa Press.
Se trata de la pieza número 9, que ya ‘perdió peso’ cuando el juez dictó auto de acusación que dio lugar a la interposición de acciones por parte de más de 70 imputados -entre ellos los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González- quedando sólo ocho. Ahora habrá que estudiar si las modificaciones del Código Penal afectan a los cargos que puedan merecer otros imputados, el presunto líder, Francisco Granados, y el exdirector del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez.
En este caso, además de malversación de fondos, se investigan posibles delitos electorales, prevaricaciones administrativas, fraude de contratos, tráfico de influencias, falsificación de documentos y cohecho. El desvío de dinero público para diversos fines es objeto de investigaciones, incluidas varias campañas destinadas a mejorar la reputación en línea de algunos encuestados.
En efecto, el juez García Castellón instó este jueves a la Fiscalía Anticorrupción a posicionarse en relación a cuatro piezas del caso Púnica. En cada uno de ellos se ordenó la apertura del juicio oral, y el jefe de número del juzgado central de instrucción quiere saber si existen circunstancias excepcionales que nos lleven a revisar las solicitudes de sanción ya realizadas por el ministerio público y los cargos en todos estos casos…
Dudas y ‘Acuamed’
Unos días antes, el pasado lunes, el juez de reserva de este mismo juzgado, Joaquín Gadea, había solicitado un informe similar respecto al caso Acuamed. En concreto, pidió a Anticorrupción que revise su petición de un procedimiento abreviado, advirtiendo que la reforma del delito de peculado podría suponer una reducción de las penas, por lo que el procedimiento procesal a aplicar debería ser diferente.
También está por ver si la reforma atañe a una u otra de las personas también instruidas por este tribunal para el llamado caso Lezo, cuya primera causa comenzará a juzgarse el próximo 24 de mayo. Esta pieza se sienta en el banquillo de los responsables de la OPA de la empresa colombiana Inassa por parte de Canal de Isabel II (CYII) en 2001 para determinar si, como alegan las distintas acusaciones, se pagó una «prima» a costa de las arcas públicas .
Para las 22 personas que ha enviado a juicio el instructor, entre ellos los exconcejales madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, exayudantes del exalcalde madrileño y presidente autonómico Alberto Ruiz-Gallardón, la fiscalía anticorrupción exige una pena de 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en competencia con un delito de prevaricación.
estuche de cocina
Anticorrupción duda de que las modificaciones del Código Penal afecten al «caso Villarejo» y, más concretamente, a «Cocina», el artículo en el que García Castellón se centraba en el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz contra el extesorero del PP Luis Bárcenas por robarle información sensible. En este caso, la conducta investigada es presuntamente de malversación de fondos, cuyas consecuencias penales no parecen verse afectadas por la reforma, aunque habrá que estudiar casos concretos, según han informado fuentes anticorrupción a El Periódico de España. Grupo de la Prensa Ibérica.
En este caso, las defensas están a la espera de que la fiscalía pida cambios por la reforma del desfalco, según confirmaron a este diario. Así, y aunque ya se han presentado los escritos de la acusación popular y particular, consideran que la acusación que finalmente haga Anticorrupción será decisiva, por lo que creen que habrá que esperar a ver si incluyen el delito de malversación de fondos. y en que términos.
En ‘Cocina’, los cargos populares ejercidos por el PSOE y Podemos exigen respectivamente una pena de 47 años de prisión para Fernández Díaz, a quien la investigación judicial ha identificado como el presunto ‘autor intelectual’ de ‘Cocina’, una operación ilegal que también Se dice que han participado el exsecretario de Estado Francisco Martínez, el ex DAO Eugenio Pino y comisarios como Villarejo. Bárcenas, por su parte, exigió más de 40 años de cárcel para Fernández Díaz al tiempo que exigió que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal testifique en el juicio.
Otra cosa distinta son los efectos que la reforma tiene sobre otros casos de presunta corrupción que se cometieron tras la anterior reforma de la época de Mariano Rajoy, en 2015, y que también giran en torno a conductas administrativas desleales que antes se integraban como malversación con las de malversación. Actualmente, los dos comportamientos están nuevamente separados, lo que afectará los casos en curso.
Entre ellos, el proceso penal que mantiene abierto Anticorrupción respecto a varios contratos ofrecidos por ministerios relacionados con ayudas públicas durante la pandemia. Los relativos a Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA, ahora denominada Beedigital, han sido archivados; así como los de la empresa Playbol, que los querellantes, el grupo del PP de la Asamblea de Madrid, han relacionado con los padres de Pedro Sánchez, pero los demás siguen abiertos.
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