El aumento de los discursos de odio contra los colectivos más vulnerables exige una «acción decidida» para «frenar» su proliferación, que es la antesala de los delitos de odio. Por ello, CCOO y UGT se han unido a diferentes organizaciones no gubernamentales y colectivos LGTBI para impulsar un «pacto social» para combatirlos.
Es el primer paso de un camino hacia el fortalecimiento de la defensa política y social de los colectivos en situación de vulnerabilidad, que sus impulsores esperan desemboque en la promoción de un Pacto de Estado contra los discursos de odio y por la protección de los derechos humanos.
odio contra los vulnerables
CCOO, UGT, FELGTBI+, Fundación ONCE, CERMI, Cesida, Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, CEAR; Hogar Sí y la Fundación Secretariado Gitano apoyan esta iniciativa, presentada este martes en Madrid. Son entidades que trabajan desde la sociedad civil por los derechos de las personas sin hogar, migrantes, refugiados, gitanos, jóvenes, seropositivos o discapacitados.
Rechazar los discursos de odio, informar a las víctimas de sus derechos, desarrollar campañas de sensibilización, analizar estadísticamente dichos discursos y formar en esta materia a funcionarios, empresas, círculos educativos y sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son algunos de los objetivos que se ha propuesto este pacto social .
Realizar también un estudio anual del impacto individual y colectivo que estos mensajes tienen sobre las personas en situación de vulnerabilidad.
Discursos que se convierten en violencia
“La denuncia y el discurso de odio contra colectivos en situación de vulnerabilidad, y sus consecuencias, construyen una sociedad española con más violencia, más agresiones y más discriminación”, denunciaron los firmantes de este pacto, que trasladaron el documento a representantes del PSOE, Más País , Izquierda Unida y la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, Boti G. Rodrigo.
El presidente de FELGTBI+, Uge Sangil, destacó que es necesario frenar el discurso de odio que existe incluso en las instituciones hacia los grupos más vulnerables. «Queremos que se construya un pacto de Estado donde se señale cada ataque a los grupos más vulnerables. La razón de esto es el sufrimiento que tienen las personas vulnerables frente a cada discurso de odio», subrayó.
“Para ello es necesario que las entidades sociales caminemos juntas, que enseñemos y enseñemos a nuestros conciudadanos que es posible ayudar a mejorar la vida de todos”, agregó.
El documento sobre el pacto denuncia que el avance de la igualdad y los derechos humanos así como la convivencia social “se encuentran hoy amenazados por la irrupción en el ámbito público de discursos de odio contra colectivos en situación de vulnerabilidad, de discursos políticos de acusación, de estigmatización, de culpar de problemas reales o imaginarios a grupos que nada tienen que ver con ellos, y que son designados como privilegiados, llamando «barras» a sus activistas y asociaciones que trabajan por sus derechos.
“El señalamiento por parte de algunos representantes públicos de colectivos en situación de vulnerabilidad tiene un efecto terrible y desproporcionado, ya que canaliza las frustraciones de la población frente a colectivos que tienen dificultades para defenderse, por su tradicional situación de vulnerabilidad y desigualdad, alimentando discriminación y agresión”, especifican las organizaciones firmantes.
Aumento de los delitos de odio
El Ministerio del Interior ya indicó hace unos meses el aumento de los delitos de odio en 2021: 1.724, un 7,8% más que en 2019.
Los más numerosos estaban relacionados con la xenofobia y el racismo (639,37% del total con un crecimiento del 24%), seguidos de los relacionados con la identidad de género y la orientación sexual de la víctima (466,27% del total). total), que experimentó un aumento significativo del 67% con respecto a 2019. En tercer lugar, los delitos de odio por motivos ideológicos (326).
Ese año, uno de cada cuatro delitos de odio investigados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaba relacionado con la orientación sexual o identidad de género de la víctima, un total de 466, un aumento de casi un 70% respecto a 2019 (67,6%) y 2020 (68,23). %).
.
