El gobierno de coalición emprendió importantes reformas educativas durante su mandato. La que más disgusta al PP es la ley de educación, la Lomloe, que deroga la ley anterior: la Lomce (conocida como “ley Wert” por el apellido del ministro del PP que la impulsó). Esta ley fue aprobada en 2013 solo con los votos del PP. Varios aspectos de la ley Lomloe o ‘Celáa’ (llamada así por la ministra Isabel Celaá), que fue apoyada por todas las fuerzas políticas excepto PP, Cs y Vox, siguen siendo objeto de debate por parte de la derecha -el PP ya ha anunciado que reformará – y ciertos aspectos, como el idioma o la religión, ya han entrado en campaña.
Abandono y nivel de aprendizaje
Diferencias políticas aparte, el gobierno que surja de las urnas el 23-J se enfrentará a retos inevitables. Por un lado, seguir trabajando en la reducción de las tasas de abandono escolar prematuro. El 28% de los españoles hasta los 34 años no tiene la ESO. Aunque las cifras siguen cayendo, la tasa media de abandono es del 13,9 %, superior a la media europea del 9,3 %. Y por otro lado, actuar para mejorar y elevar el nivel de aprendizaje y conocimiento de los alumnos. España pierde siete puntos en comprensión lectora, según el último informe PIRLS. Solo el 6% de los estudiantes están en el «nivel avanzado», por debajo del promedio de la OCDE (11%)
Salud mental
Otro desafío es la salud mental de los niños y adolescentes, que se ha visto muy afectada por la pandemia, y que ha provocado un aumento de las autolesiones y los intentos de suicidio. España vive un pico histórico de suicidios juveniles: en 2021 (último año del que se dispone de datos) se suicidaron 22 menores de 15 años, un 57% más que en 2020 (cuando se suicidaron 14 en total). Este problema es un reto que la Unión Europea ya ha asumido. España va por detrás de Europa en número de psiquiatras a pesar del aumento de los trastornos mentales.
Religión
Uno de los aspectos del Lomloe que puede generar polémica tras el 23J según quién esté en la Moncloa es el tema de la religión. La ley establece que la religión debe continuar ofreciéndose en las escuelas, pero no cuenta para una calificación y no tiene un tema espejo. Este es un aspecto que inquieta profundamente al PP, partidario de otorgar a la religión no la obligación sino el valor de una materia académica.
Catalán en clase
En ce qui concerne le catalan, la Lomloe élimine la référence expresse à l’espagnol comme langue véhiculaire dans l’enseignement et oblige les étudiants à terminer leurs études en connaissant parfaitement l’espagnol et la langue co-officielle dans les communautés ayant leur propre lengua. El PP ya ha anunciado, y así lo incluye en su programa electoral, que quiere volver a lo que establecía la «ley Wert»: que el castellano sea la lengua vehicular con la colengua oficial. Algo que choca con el modelo lingüístico de la escuela catalana, donde el catalán es vehicular y el castellano curricular.
Selectividad
Otro aspecto que tendrá que decidir el nuevo gobierno es qué hacer con la selectividad. Tras el recurso electoral, el Ministerio de Educación decidió guardar en un cajón el proyecto de real decreto que regula el nuevo PAU (o EBAU), cuya aplicación debía comenzar en junio de 2024 y estar definitivamente implantada en 2028. Iba a ser selectividad compatible con Lomloe, menos memorización y más aprendizaje basado en habilidades. El modelo, pactado entre Gobierno y autonomías, ya había sido cuestionado por el PP y sus ejecutivos autonómicos, que reclaman un modelo único de selectividad en toda España.
Educación 0-3 años
Este es un paso no obligatorio, pero tiene un impacto positivo en niños y niñas. Hay un compromiso de ampliarlo y de ir hacia su gratuidad por parte tanto del PSOE como del PP, por lo que hay que asumir que el gobierno que salga de las urnas debe seguir impulsando la escolarización de este segmento de la población, que actualmente se sitúa en el 41,7% (frente al 96,6% de la etapa de 3 a 6 años, que tampoco es obligatoria en España). A finales de 2022, el Gobierno concedió a las entidades locales una partida económica de 331 millones de euros para crear 21.794 plazas públicas gratuitas.
derecho universitario
La nueva ley del sistema universitario (Losu) -que limita las tasas universitarias, reduce la interinidad de los docentes y abre la puerta a la microformación permanente- no parece probable que genere polémica con el nuevo gobierno que sale de las urnas. por si es de otro color político.
El aspecto que puede generar conflictos es el artículo que incluye un firme compromiso de incrementar la financiación pública de la educación superior (1% del PIB en los próximos años). La ley no incluye la memoria económica. El Gobierno se ha comprometido a conceder créditos económicos a las autonomías (que tienen las competencias) y deben comprometerse a destinar este dinero a las universidades. Muchas autonomías han causado problemas.
Formación profesional
La FP ha logrado un éxito más que notorio y es poco probable que el nuevo Gobierno, si es de otro color político, cambie la norma que regula estas enseñanzas.
En el marco del plan de modernización y potenciación de la Formación Profesional (FP) -en el que, por segundo año consecutivo, se matriculan más de un millón de alumnos-, el Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2023 otra inyección económica de 1.307 millones de euros, que se distribuirá a las comunidades autónomas. Con esta nueva inversión, el Gobierno ha destinado 6.041 millones de euros a la transformación de FP entre 2020 y 2023.
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